MANUAL DE PRUEBA PERICIAL_Suprema Corte

El juez ante el perito... 21
Si estamos interesados, como deberíamos estarlo, en excluir del listado a quienes
no satisfacen las condiciones mínimas para la función que se requiere, es necesario
repensar los mecanismos con que contamos para tales efectos. El objetivo
sería lograr el siempre difícil punto medio, en este caso, tener un mecanismo fácil
de activar por quien ha detectado las carencias relevantes y, a la vez, lo suficientemente
efectivo para excluir del listado solo a quien debe serlo.
Como ya puede advertirse, el escenario de los peritos oficiales seleccionados
a través de la lista está lejos de ser ideal. Las listas no están conformadas mediante
mecanismos que permitan incorporar en ellas primordialmente a buenas expertas
o expertos; no se prima la información relevante para hacer que la selección
entre los miembros del listado esté bien informada; tampoco hay mecanismos
efectivos para incentivar a dichos peritos al buen actuar o excluir a aquellos que no
han satisfecho las exigencias del contexto procesal. 36 Pero todavía nos quedaría
un escenario sobre los peritos oficiales por analizar: las instituciones periciales.
Como estamos intentando averiguar si los peritos oficiales marcan la diferencia
de inicio que se presume, entonces debemos interesarnos por la calidad de
nues tras instituciones periciales. Deberíamos, pues, conocer qué institucio nes son
las que ofrecen peritajes a los jueces, qué tipo de pericias realizan, cuán buenos
son los profesionales que en ellas laboran, en qué condiciones están sus laboratorios,
cuántos de esos laboratorios están certificados, cuál es la carga laboral que
tienen, cómo protegen las muestras de una posible contaminación y toda la información
relevante que nos permita saber el estado actual del escenario en que se
llevan a cabo estas pericias. 37
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Por todo lo anterior de ninguna manera se entiende el criterio expuesto en la Tesis: 1a. CCXCIII/2013
(10ª.), Primera Sala, Novena Época, Registro Digital: 2004758: “el registro que de los peritos realizan
las autoridades, no es solamente una sistematización de nombres y ocupaciones, sino que constituye
una guía indispensable para que se elija a la persona idónea para realizar cierto peritaje, lo cual redunda
de forma directa en la calidad y alcance probatorio del contenido y conclusiones del dictamen”.
Si quisiéramos que esos registros —en concreto el que hace el Poder Judicial de la Federación, que es el
que aquí ha sido objeto de análisis— sirvieran a esos efectos, se requieren muchos cambios en su
conformación.
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La jurisprudencia, no obstante, ha incitado a presumir al menos la idoneidad y titulación de las
personas peritas designados por el Ministerio Público. Se dice, así, explícitamente: “cuando el Ministerio
Público designa un perito con la finalidad de tener una información clara en la averiguación