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MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL.
TEMA 221.
reconocerle y conferirle al Ministerio Público una facultad discrecional en el ejercicio
de la acción penal que no le viene otorgada por Ley.
Alternativamente, y como segunda tesis, cabría sostener que el Juez de Letras,
transcurrido el plazo ordinario, o su prórroga, sin que las partes acusadoras hayan
interesado la celebración de audiencia preliminar, podría dictar resolución de
improcedencia de apertura de juicio oral, por ausencia de un presupuesto esencial de
procedibilidad, a instancia de la Defensa de la persona imputada, que invocaría la
excepción prevista por el Artículo 46.2 CPPHond, articulada en la forma establecida
por el Artículo 47 CPPHond, puesto en relación con el párrafo último del Artículo 302
CPPHond.
Pero igualmente esta tesis enfrentaría el inconveniente de tener que definir el
contenido de esa resolución de “improcedencia de apertura de juicio oral”, pues habría
que aceptar que dicha excepción por falta de acción, al igual que lo que acontece con la
excepción de incompetencia, y a diferencia de la consecuencia jurídica que sí trae
consigo el reconocimiento de la excepción de extinción de la acción penal, no se
traduce necesariamente en una resolución de sobreseimiento definitivo y por tanto en el
fin de la causa.
Así, piénsese, por ejemplo, en un supuesto en el cual el Ministerio Público,
equivocadamente, presenta requerimiento por un delito de acción privada, y la
excepción por falta de acción no es formulada por la Defensa sino hasta el momento
procesal de la audiencia preliminar. En este caso, y a nuestro parecer, el reconocimiento
judicial de dicha excepción en ningún caso podría traducirse en una resolución de
sobreseimiento definitivo, con evidente menoscabo al derecho de tutela judicial efectiva
de la víctima; por lo que, a nuestro criterio, el Juez vendría obligado a suspender la
audiencia, citar a la víctima y verificar el interés de ésta en cuanto a la continuación del
proceso, bajo una fórmula similar al ofrecimiento de acciones prevista en otros
ordenamientos jurídicos, como en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
española. Igual solución acontecería, y como segundo ejemplo, con los delitos de
acción penal pública a instancia particular, donde lo que se cuestiona por la Defensa es
la falta de legitimación procesal por parte del Ministerio Público, ante una aludida falta
de interés de la víctima en la consecución de la causa.
Como tercera tesis, quedaría mantener una situación de inactividad insubsanable
de una parte, que provocaría la irremediable suspensión del procedimiento, que, por
analogía con lo dispuesto para el caso del sobreseimiento provisional, a los cinco años
permitiría declarar extinguida la acción penal, a tenor del Artículo 42.5 CPPHond.
Finalmente, y como última tesis hipotética posible, y ante los evidentes
inconvenientes procesales descritas en las anteriores, cabe destacar la propuesta
asumida institucionalmente por el Ministerio Público, a través del Dictamen del
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