Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Lo anterior, en coherencia con el Artículo 41 CPPHond (epigrafiado «Conversión
de las acciones públicas»), al disponer que las acciones públicas “... podrán ser ejercitadas
conforme al procedimiento especial previsto ... para las acciones privadas ...1) Cuando el
Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal conforme el artículo 28 ...”.
Razón por la cual para autores como CUELLAR CRUZ, quizás lo más conveniente
hubiese sido regular un único instrumento de control a favor de la víctima, específicamente
el de la conversión de la acción, por ser el otro instrumento descrito -forzar judicialmente al
Fiscal a presentar requerimiento- más acorde con sistemas como el alemán, en el cual sin
duda se inspira, donde existe un monopolio absoluto de la acción penal por parte del Fiscal;
pero es que, por otra parte y en perjuicio de la víctima, difícilmente podrá negarse un cierto
peligro de contaminación a la imparcialidad objetiva del Juez, cuando éste deberá
pronunciarse sobre una causa en la cual él mismo a estimado como legalmente procedente
la aplicación de un criterio de oportunidad.
Claro que, en aras de la seguridad jurídica, la legitimación de la víctima para
ejercitar la acción penal está sujeta a un plazo de caducidad. Transcurrido el indicado plazo
de cuarenta y cinco días, sin que aquélla la ejercite, la acción penal quedará extinguida, por
imperativo del párrafo segundo del Artículo 34 CPPHond.
3. Salvaguarda de los derechos de la víctima.
Además de la posibilidad de suplir la pasividad del Ministerio Público, en caso de
aplicación pura del principio de oportunidad, se garantiza el derecho de la víctima al
resarcimiento.
Así, con arreglo al párrafo segundo del Artículo 29 CPPHond, “... [si], como
consecuencia de un delito, se hayan producido daños o perjuicios, será necesario, para
aplicar el criterio de oportunidad, que el imputado haya reparado el daño causado o se haya
puesto de acuerdo con la víctima en cuanto a la reparación. ...”.