Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

De esta manera, las metas del proceso penal son varias y de similar importancia,
aunque complejas: Lograr la condena del culpable aplicando el llamado Derecho Penal
material, garantizar la protección del inocente, proteger a la víctima, impedir cualquier
forma de arbitrariedad en la actuación estatal, y llegar a una sentencia firme justa.
Así, a la vista de las explicaciones anteriores, el Derecho Procesal Penal tiene dos
fines claros:
1º) Por un lado, debe hacer posible la condena del verdaderamente culpable, en
interés de una eficaz lucha contra la criminalidad, en la que la Sociedad y los individuos que
la forman están esencialmente interesados.
2º) Por otro, y no menos importante, debe evitar la condena del inocente,
garantizando al imputado un proceso penal debido (propio de un Estado de Derecho), que le
proteja frente a la arbitrariedad o al Poder estatal ilegítimamente utilizado.
El Derecho Procesal Penal se muestra hoy ante los ojos de la generalidad,
consecuentemente, como el producto de un compromiso público entre eficacia de la
persecución penal y respeto a la dignidad humana, lo que interrelaciona definitivamente el
Derecho Procesal Penal con la Constitución, como veremos muchas veces a lo largo de estas
páginas, e inmediatamente, pues, como dice TIEDEMANN, la situación conflictiva
producida por la comisión del hecho punible entre su autor y el Poder estatal, es en último
término un problema de Derecho Constitucional.
En efecto, este último aspecto es de singular importancia. Ello, porque la situación
estatal de prevalencia y el principio del Estado de Derecho significan en ocasiones que las
Autoridades estatales encargadas de la investigación y persecución del delito se encuentran
en una situación delicada respecto a los medios que poseen, puesto que para averiguar la
verdad material hay que fijar siempre límites, pasados los cuales ya no se tienen las
ordenadas garantías procesales.