Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

d) Función garantista del recurso: El derecho al recurso
La previsión de un sistema de recursos constituye una garantía de correcto
funcionamiento del aparato judicial, especialmente relevante en el ámbito procesal
penal. Mediante los recursos, escribe VARELA GÓMEZ, se tiende “... a garantizar
el correcto cumplimiento de las normas y el acierto en las resoluciones, intentando
reducir al mínimo la posibilidad, siempre subsistente como en toda actividad
humana, de errores judiciales ...”. Y concluye, reproduciendo casi a la letra una cita
de RAMOS MÉNDEZ: “... De ahí que los recursos constituyan la mejor garantía no
sólo para las partes, sino para el propio juzgador ...”.
Por eso, los grandes textos internacionales sobre derechos humanos
consagran el derecho al recurso (en sentido amplio, de revisión de lo decidido por un
órgano de instancia, por otro órgano jurisdiccional), sobre todo en materia penal.
El Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones
Unidas, 10 de diciembre de 1948) establece que “... [toda] persona tiene derecho a
un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por
la Ley. ...”.
El Artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
19 de diciembre de 1966, por su parte expresa que “... [toda] persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le
haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la
ley ...”.
En fin, el Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969) consagra el derecho
de toda persona inculpada de delito a “...h) ... recurrir del fallo ante el juez o tribunal
superior. ...”.
La Sentencia de 13 de marzo de 1990, de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, interpreta que ese Artículo 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos es absolutamente claro e incondicionado: “...
En cuanto reconoce como derecho fundamental de todo ser humano, imputado, en
una causa penal por delito, el de recurrir del fallo (entiéndase condenatorio) para
ante un superior ...”.
Pero, a continuación, añade esta importante precisión: “... Ese derecho es,
como se dijo, incondicionado, en cuanto que la Convención no lo subordina a su
desarrollo por la legislación interna ni a ninguna otra condición suspensiva o
complementaria, pero también resulta incondicionado respecto del ordenamiento
interno cuando éste prevea la organización institucional y procesal (órgano y
procedimiento) necesarios para el ejercicio de ese derecho a recurrir, o, dicho de otra
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