Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Ello por supuesto no afectará la deducción de cualquier otra responsabilidad que el acto desleal
represente.
B) Facultades judiciales para el desarrollo de actuaciones
En alusión a los actos de los órganos jurisdiccionales, éstos podrán constituirse en
cualquier lugar comprendido dentro de su ámbito territorial para su realización (Art. 126
CPPHond). Cuando dichas actuaciones deban realizarse fuera del territorio asignado a ellos,
deberán librar comunicación al órgano judicial correspondiente, para que sea éste el que ejecute
el acto o diligencia de que se trate. Lo mismo ocurrirá cuando el acto deba ser desarrollado por
una autoridad administrativa o que de ella se necesite alguna información. En estos casos la
comunicación deberá satisfacer los requisitos establecidos (Art. 146 CCPHond). Esa regla tiene
su excepción: cuando el tribunal estime necesario desplazarse a determinado territorio de la
República para desarrollar la actuación procesal; en ese caso podrá constituirse en cualquier
lugar del territorio nacional para practicar directamente los elementos probatorios de importancia
en el proceso, por supuesto esas actuaciones deberán contar con al presencia de las partes para
efectuar el control sobre la prueba (Arts. 126 y 314 CPPHond). Aunque estas disposiciones están
referidas a los miembros del Tribunal de Sentencia, lo cierto es que esa facultad debe concederse
a cualquier autoridad judicial porque así se desprende del Artículo 230, que se relaciona a las
declaraciones de testigos en las que el órgano jurisdiccional estima necesario la práctica directa
del interrogatorio, cuando el declarante no resida en el lugar donde aquél tiene su asiento. Esta
última norma no hace distinciones de qué tribunal debe tratarse, por lo que deberá entenderse que
aplica a cualquiera facultado para realizar esa diligencia, y ello sería aplicable, por ejemplo, para
un Juzgado de Letras cuando se trate de un anticipo de prueba de un testigo imposibilitado de
asistir al seno del tribunal y que resida en otra localidad ajena al asiento de aquél.
Para el eficaz cumplimiento de las actuaciones judiciales, los órganos jurisdiccionales
podrán requerir la intervención de la fuerza pública, así como adoptar las medidas que sean
necesarias para el cumplimiento de los actos y resoluciones que se ordenen (Art. 135 CPPHond).
Ello podría acontecer, por ejemplo, cuando el tribunal necesite realizar la diligencia de
reconstrucción de hechos en un sitio de uso público, de tal suerte que sería indispensable solicitar
la colaboración de la fuerza pública para realizar la actuación sin contratiempos o interrupciones;
asimismo se requerirá la cooperación policial cuando se trate de renuencia de un testigo a
comparecer al llamado judicial (Art. 233 CCPHond) o cuando se declare en rebeldía al imputado
(Art. 108 CPPHond), sólo para citar algunos ejemplos.
C) Prohibición de delegación
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