Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Las personas encargadas de realizar las grabaciones o la transcripción de éstas,
mantendrán en secreto su contenido y en caso de incumplimiento incurrirán en la
correspondiente responsabilidad penal.
La grabación de una comunicación realizada por uno de los comunicantes sin llenar
los requisitos establecidos en este Artículo, carece de valor probatorio.”
Atendiendo el principio de exclusividad jurisdiccional, la limitación al derecho del
secreto de las comunicaciones solo puede ser decretado por Juez o Tribunal competente, a
petición de Ministerio Público y atendiendo por supuesto a los principios de proporcionalidad
y necesidad, fundamentos que serán expuestos por el Juez en la resolución mediante la que
disponga su aplicación.
Por lo general, ésta medida se realiza como un acto de investigación en la etapa
preparatoria del proceso, aunque ciertamente no resulta exclusiva de ésta.
Atendiendo al principio de temporalidad, en la resolución mediante la que sea
decretada la medida, debe obligatoriamente el Juez establecer la duración de la intervención,
misma que no puede ser mayor de 15 días, pero podrá prorrogarse por periodos sucesivos por
el mismo tiempo mediante auto motivado.
Las grabaciones producto de la intervención, serán íntegramente entregada al Juez
competente quien conocerá su contenido y su totalidad, y, las que para él tengan relación con
el hecho, serán transcritas para ser presentadas en el debate.
Asimismo, la doctrina establecida por el Ministerio Público, a través del Dictamen
DCATJ-007-2001, refiere el alcance del derecho fundamental del secreto de las
comunicaciones, señalando que habría que dilucidar si, aparte de la comunicación per se, se
encuentran protegidos bajo ese derecho otros elementos accesorios a la misma, como ser:
a) Los registros computarizados, que almacenan los números marcados desde un
determinado aparato telefónico, la hora y duración de cada llamada (servicios de
21