Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

sí hay son diferentes normas específicas que desarrollan o se apoyan en preceptos de los códigos
procesales penales, normalmente insuficientes, y una jurisprudencia constitucional y ordinaria
que sostiene interpretaciones muy importantes a favor de los actos contra la integridad corporal.
En este sentido, podemos citar como ejemplos legales, Alemania (Leyes de 1992, sobre
criminalidad organizada, de 1997, sobre identificación genética, y de 1998, sobre ADN), e
Inglaterra y Gales (Police and Criminal Evidence Act de 1984, PACE); y, como ejemplo
jurisprudencial, Italia (jurisprudencia constitucional). España, muy huérfana de legislación, está
en estos momentos estudiando un Borrador de Anteproyecto de Ley reguladora de las bases de
ADN, consecuencia, en parte, de las exigencias manifestadas por la importantísima Sentencia del
Tribunal Constitucional español núm. 207/1996, de 16 de diciembre.
La cuestión es, entonces, qué límites existen para esa investigación. La respuesta nos
viene dada por la propia Ley (Constitución, CPHond y CPPHond), si existe norma expresa, que
es lo que debería ocurrir siempre, pues estos actos están sometidos también al principio de
legalidad, y, en su defecto o para su mejor aplicación, por una regla clave, el principio de
proporcionalidad, reconocido sin fisuras por la jurisprudencia constitucional europea, a cuyo
frente se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (específicamente desde el caso
Kruslin, sentencia de 24 de abril de 1990; y el caso Huvig, sentencia también de 24 de abril de
1990), con matices diferenciadores como es lógico, a partir de la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo USA.
Pues bien, conforme aquel principio, nadie puede estar autorizado para extraer sangre
por la fuerza al imputado y saber así su ADN en un delito sexual. Lo prohíbe la Ley (derecho a la
integridad física del Art.68 CHond, Arts. 206 y 207 CPPHond.). Pero tampoco el Juez debe
poder autorizar esa extracción de sangre si el imputado, por su estado, está a punto de morir. Lo
impide dicho principio de proporcionalidad, en virtud del cual el Juez está obligado a ponderar
las diversas circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto, eligiendo la que mejor se
adecúe a los derechos del imputado sin menoscabo del derecho del Estado a investigar y castigar
los delitos, aunque ello signifique obviar la aplicación automática de la Ley.
No suelen resolver las legislaciones, si para efectuar la práctica de los actos que
posteriormente veremos, es preciso antes acordar la detención previa, y éste es un tema
importante que debería ser tratado. Pensemos en el control de alcoholemia, que a veces es
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