Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

tiene lugar (y por ello es más simple que el proceso de ejecución civil) si la persona
acusada ha sido condenada a sufrir una pena, puesto que si lo que se produce en el
proceso es una sentencia absolutoria, ésta, como resolución merodeclarativa, no necesita
de esta fase procesal, por no ser ejecutable (salvo que la resolución absolutoria
contemplara la imposición de una medida de seguridad), de tal suerte que la suspensión
inmediata de las medidas cautelares habidas sobre el procesado, no representa la
ejecución del fallo absolutorio, sino el desaparecimiento de los presupuestos que dieron
lugar a su imposición. Sólo el fallo condenatorio abre las puertas de esta etapa de
ejecución de pena. Así, el Art. 385 CPPHond indica que: “Sólo las sentencias
condenatorias que hayan adquirido el carácter de firmes, podrán ser ejecutadas”.
De esta forma, la ejecución penal puede definirse como la actividad ordenada y
fiscalizada por los órganos jurisdiccionales para lograr el cumplimiento de los títulos de
ejecución, las sentencias firmes de condena dictadas en los procesos penales.
Los problemas que genera la ejecución de las penas no son problemas menores.
En muchas ocasiones, los sistemas judiciales se han hecho indiferentes a la ejecución de
penas, pensándose que los asuntos que lleva consigo son de índole administrativo y que
la función jurisdiccional llega hasta la emisión del fallo; cuestión que es errada, puesto
que superfializa la tarea de los jueces y da lugar a que ellos se desentiendan de sus
decisiones. Esa indiferencia resulta más grave en relación a la penas de reclusión y
prisión, ya que al no haber control sobre su ejecución, las personas que las sufren pasan a
ser sujetos olvidados, como también sus derechos, produciendo ello una degradación al
ser humano. Además, a la luz de la CRHond, la función de ejecución de la pena
corresponde a los tribunales (Art. 304): “corresponde a los órganos jurisdiccionales
aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Esa histórica
indiferencia judicial a la etapa de ejecución de la pena, ha generado en demandar en la
legislación la judicialización de dicha etapa, de modo que sean jueces específicos (Jueces
de Ejecución) los que se ocupen de ejercer un control general sobre la ejecución de la
pena, especialmente la de reclusión y prisión. Judicializar la ejecución significa generar
2