Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

otros varios contenidos y, por tanto, otras funciones, que nada o muy poco tienen que ver con el
objeto del proceso.
2ª) En principio, el objeto del proceso penal es inmutable. Con ello se quiere decir que no
es posible cambiarlo ni eliminarlo, ni la actividad de las partes puede pretenderlo.
Por eso, por ejemplo, inocado un proceso penal por hecho punible público, v.gr., delito
de robo de dinero, cometido por el hijo, el perdón del padre ante su devolución carece de
relevancia respecto al objeto. Cometido el hecho criminal, el proceso correspondiente tiene ya su
objeto y se desarrollará hasta el final. Otras instituciones, como el arrepentimiento (atenuante), o
incluso el perdón (valoración de la prueba), juegan papeles distintos.
Ello no quiere decir que el objeto del proceso penal se presente con perfiles
absolutamente diáfanos desde el principio. Lo normal será lo contrario, pero modificación o
complementación, nada tienen que ver con mutabilidad.
3ª) Se afirma también que el objeto del proceso es indisponible para las partes, dada la
vigencia del principio de necesidad.
Como bien apunta CUELLAR CRUZ, el principio de necesidad se deriva del principio
de legalidad procesal, el mismo establece que en todos los casos en los que se llegue a
constatar un hecho con apariencia del delito provoca la puesta en marcha del proceso por
parte de la autoridad estatal, sin que dependa de la voluntad de un particular para obtener una
sentencia condenatoria.
Continúa apuntando CUELLAR CRUZ, que el mencionado principio impide, en
primer lugar, que la aplicación de las penas dependa de la discrecionalidad de un particular
con lo que perdería su razón de ser el sistema penal del Estado, y, en segundo lugar, evita la
impunidad partiendo de que la ley establece que ciertas conductas son constitutivas de delito,
no se permite que posteriormente las mencionadas conductas dejen de perseguirse.
Esto puede admitirse si se compara la situación con el proceso civil, pero no es del todo
cierto que sea indisponible en el proceso penal ante las posibilidades existentes de negociación
derivadas del principio de oportunidad (Arts. 28 y ss. CPPHond).