Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

numeral 1), y 296, numeral 1), CPPHond), o la querella del acusador privado (Art. 406, numeral
1), CPPHond), que reflejen unos hechos que no son indubitadamente constitutivos de delito.
2º) Hecha la anterior precisión, hay que decir, en segundo lugar, que la calificación
jurídica del hecho punible incide también en los casos relevantes anteriormente considerados,
pues hay que tenerla en cuenta, es cierto que de una manera meramente aproximativa y a veces
intuitiva, para la determinación de la extensión y límites de la jurisdicción hondureña, de la
competencia penal genérica, de los criterios objetivo y territorial de atribución de la competencia,
de la legitimación, de la clase de proceso y procedimiento adecuado, de la acumulación y, sobre
todo, para ver si existe variación sustancial del objeto entre la acusación y la sentencia.
Esta última cuestión es problemática, pues se aduce como argumento fundamental que
prueba evidente de que la calificación jurídica no juega ningún papel esencial en la
determinación del objeto del proceso penal, es que el órgano jurisdiccional no está vinculado por
la calificación que hagan las partes en su acusación definitiva, así como tampoco por la pena, ni
en clase ni en cantidad, que se pida en virtud de dicha calificación, pues siempre puede
desvincularse, para imponer la pena que él considere justa conforme a la calificación que estime
correcta. Esto es una verdad a medias, pues el Art. 337, párrafo primero, CPPHond sí fija un
límite esencial, y por tanto la calificación del hecho sí juega un cierto papel, y es que el Juez
sentenciador puede cambiar la calificación del hecho (v.gr. robo por hurto), siempre y cuando no
perjudique al acusado imponiendo por ello una pena más grave.
3º) Finalmente, en donde la calificación jurídico-penal del hecho punible no puede ser en
absoluto esencial, es más, en donde ni siquiera se puede tomar en consideración, es a la hora de
determinar si existe litispendencia o cosa juzgada, concretamente, al analizar la identidad
objetiva identificando el hecho (v. infra).
En efecto, por razones de estricta justicia, en combinación con el principio "non bis in
idem", una persona que esté siendo enjuiciada o que ya haya sido condenada o absuelta, no
puede volver a serlo simplemente porque se cambie la calificación jurídica siendo el hecho el
mismo. Por ejemplo, fue absuelta por parricidio, se abre un proceso posterior en su contra por
homicidio. Esto lo impide la identidad objetiva de la litispendencia y de la cosa juzgada, que
convierten en autoridad únicamente los hechos esenciales enjuiciados. Lo contrario sería permitir
tantas acusaciones reiteradas cuantas posibles calificaciones jurídicas permita el hecho (ante la