Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

también los que sean principios procesales, garantías institucionales y libertades públicas,
reconocidos en la Constitución de la República de Honduras de 1982 y que tengan aplicación
en el proceso penal, con especial indicación de su desarrollo en el CPPHond de 1999.
Debiendo aún efectuar una breve autorreflexión con respecto al presente tema, y es que
nuestra Constitución, a pesar de rica en cuanto a la consignación de derechos fundamentales
procesales, carece del reconocimiento expreso de algunas instituciones esenciales para la
efectiva materialización de los mismos. Extremo que, en el caso particular hondureño, ha
permitido la sustitución completa de un sistema procesal penal de corte básicamente
inquisitivo, escrito y secreto; por otro completamente dispar, de corte predominantemente
acusatorio, inspirado en la oralidad y la publicidad, sin necesidad previa de reforma
constitucional alguna, ante la ausencia absoluta de normas referidas a principios
procedimentales.
Extremo que no debe mal interpretarse en el sentido de llegar equivocadamente a
sostenerse que, por ende, tan constitucional era un sistema como otro; pues claramente resulta
mucho más coherente y respetuoso con las máximas procesales constitucionalmente
reconocidas el nuevo sistema procesal penal adoptado, que el sistema regulado por el antiguo
Código de Procedimientos Penales de 1984.
En este sentido, nuestra intención no es otra más que citar un ejemplo ilustrativo de las
carencias de nuestro ordenamiento constitucional, de entre muchos otros, como ciertamente lo
es la falta de reconocimiento constitucional de instituciones tan relevantes para la correcta
administración de Justicia penal, como ciertamente lo es el Ministerio Público y la Policía
Judicial; u otras incluso trascendentales para la proclamación de un auténtico Estado de
Derecho, como lo es la jurisdicción contencioso administrativa.
Pues bien, igualmente desde hace unas décadas estamos asistiendo a otro fenómeno de
no menor importancia, cual es el de la internacionalización de los principios procesales. Ello
es debido al deseo ferviente de que todos los países democráticos tengan un proceso penal si
no idéntico, si muy similar, sometido a iguales principios, que den lugar a unas mismas o muy
parecidas pautas de actuación práctica. Vía indirecta para lograrlo, sin perjuicio del empeño