Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL.
TEMA 251.
sostiene DE DIEGO DIEZ, y posiblemente por quebrantamiento de forma, a tenor del
Artículo 362.2) CPPHond. Como motivos de la primera modalidad recursiva, podrían
invocarse, a título de ejemplo (explica DE DIEGO DIEZ), el quebrantamiento de los
derechos a la dignidad de la persona (Artículo 59 CHond), a su integridad física,
psíquica y moral (Artículo 68 CHond), a la intimidad personal y familiar (Artículo 76
CHond), al derecho a no declarar (Artículo 88 CHond), a la inviolabilidad del domicilio
(Artículo 99 CHond) o el secreto de las comunicaciones (Artículo 100 CHond).
La ineficacia de la prueba ilegítimamente obtenida se predicó, durante mucho
tiempo, exclusivamente de la de cargo. Un clásico de los estudios probatorios, SILVA
MELERO, opta claramente por su admisibilidad in bonam partem, “...es decir, si las
conclusiones son favorables al reo, pues, como dice FRANCO CORDERO, la
declaración de inocencia de un inculpado es demasiado importante para ser sacrificada
a los ídolos del procedimiento...”. El Código Procesal Penal de Costa Rica participa de
este criterio.
Pero el Artículo 200 CPPHond no hace salvedad alguna. Partiendo de un texto
legal igualmente tajante, la Magistrada FERNANDEZ PRADO no descarta que la
prohibición alcance a cualesquiera pruebas ilegítimas, sean de cargo o de descargo; y
ASENCIO MELLADO, siguiendo a PETERS, afirma que “... la inutilizabilidad ... lo es
tanto en contra del acusado como a su favor ...”.
Sin embargo, si es comprensible un movimiento social de rechazo frente a la
inocuización de la prueba ilegítimamente obtenida, ex post facto, cuando ha revelado la
culpabilidad del acusado, mucho más fuerte habrá de ser cuando ha demostrado su
inocencia. La técnica del balancing o equilibrio de intereses en juego tendría que ser,
por fuerza, aún más rigurosa en tales casos.
Por eso, el profesor LOZANO HIGUERO propuso, en su momento, aplicar, como
correctivos, los criterios de fragmentación y de razonabilidad que permitirían eliminar
los inconvenientes de la exclusión indiscriminada de la prueba ilegalmente obtenida, y
utilizarla “... para exculpar a un inocente sujeto a proceso, nunca para constituir o
fundar un cargo respecto a un eventual culpable o inculpado ...”.
Si se acepta, sin reparo, el argumento tópico que afirma ser preferible arriesgarse
a dejar impune a un posible culpable, antes que exponerse a castigar a un no menos
posible inocente, esa disparidad de trato debería conducir a una solución igualmente
diferente según la prueba prohibida favorezca o perjudique al acusado. En aras del
mantenimiento de la vigencia efectiva de la tutela de los derechos y libertades
fundamentales, puede ser razonable absolver a quien se tiene la conciencia de ser
culpable, cuando esa culpabilidad se acreditó ilegítimamente. Repugna, en cambio,
condenar a quien se sabe inocente, con aquel mismo argumento. En tales casos, parece
preferible la opción tradicional: Atenerse a la inocencia probada incluso por un medio
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