Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

por la poca fiabilidad de su percepción de los hechos, ni al enajenado mental, por su posible
visión deformada de la realidad, así como a los parientes más cercanos del presunto autor,
en virtud de la paz familiar, como hacen otros ordenamientos jurídicos, como el alemán,
italiano o español.
En cambio, para determinadas autoridades, la denuncia es una obligación si
estamos ante un delito de acción pública (v. Art. 25, II, CPPHond). Según el Art. 269
CPPHond, se trata de las personas públicas y casos siguientes:
1) Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de los mismos, en
ocasión de sus funciones;
2) Los médicos, farmacéuticos, odontólogos, estudiantes de medicina u odontología,
enfermeros, paramédicos, parteros y demás personas relacionadas con el ejercicio de
profesiones, oficios o técnicas vinculadas con la salud que tengan conocimiento de
acciones u omisiones penales durante el ejercicio de sus actividades; y,
3) Los representantes de las personas naturales, los gerentes administradores o
representantes legales de las personas jurídicas y en general, quienes tengan bajo su
cuidado bienes ajenos, que tengan conocimiento de delitos cometidos en perjuicio de los
intereses con los que estén relacionados.
En virtud de estas normas, por razones legales, éticas y profesionales, algunas
personas, es decir, la Policía, o un profesional, como un médico, que por el medio que sea
(v.gr., la televisión), conozca de la existencia de un hecho punible, tiene obligación de
denunciarlo en los términos del Art. 269 CPPHond.
Sorprende sin embargo también, y mucho, que determinadas personas que por su
profesión tienen o pueden tener un contacto directo con el proceso penal, no estén exentas
del deber de denunciar, por ejemplo, el abogado de la parte, o los sacerdotes católicos que
conozcan de delitos bajo confesión, quienes únicamente quedan excluidos de la obligación
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