Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

el imputado, es la intervención de sus comunicaciones personales, principalmente telefónicas. Se
regula en el Art. 223 CPPHond, y su fundamento reside en el mismo Art. 100 de la Constitución
de la República.
El Art. 223 CPPHond dispone que “el Juez, a petición del Ministerio Público o de
parte acusadora, podrá ordenar, mediante resolución fundada, la grabación de las
comunicaciones telefónicas, informáticas o de cualquier otra índole análoga que tenga el
imputado o cualquier otra persona directa o indirectamente relacionada con el delito que se
investiga.
El Juez valorará, en su resolución, la gravedad del delito investigado, la utilidad y
proporcionalidad de la medida.
La intervención de comunicaciones de que se trata en este Artículo, podrá consistir en
la identificación y registro de su origen, de su destinatario o de ambas cosas a la vez, o en el
conocimiento y registro de su contenido.
En el auto que acuerde la intervención, el Juez determinará a quien corresponde su
ejecución.
La intervención no podrá durar más de quince días, pero podrá ser prorrogada por el
Juez, a instancia del Ministerio Público o de parte acusadora, por períodos sucesivos de
quince días, en virtud de auto motivado, siempre que se mantengan los presupuestos que
inicialmente justificaron la adopción de la medida.
La grabaciones, una vez hechas, serán entregadas exclusivamente al Juez que las
ordenó dentro de los cinco días a partir de la fecha de terminación del plazo de intervención, y
de cada una de sus prórrogas sucesivas; y, en caso de pretenderse una prórroga, deberá
solicitarse con la antelación suficiente al final del período correspondiente, para que el Juez
pueda adoptar su resolución antes de que concluya. El Juez tomará conocimiento de su
contenido en forma exclusiva. Si las mismas tienen relación con el hecho que se investiga,
podrá ordenar que se trascriban para ser oportunamente presentadas en el proceso.
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