Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

permaneciendo las circunstancias tenidas en cuenta para adoptar la medida, ésta debe quedar
inalterable, modificándose si varían.
Esta es la razón por la que el CPPHond permite variar las medidas coercitivas si varían
los presupuestos (Art. 174, IV), aunque como veremos, no tiene las mismas consecuencias la
variabilidad del "fumus boni iuris", que la del "periculum in mora".
La cosa juzgada material penal únicamente tiene el efecto negativo, preclusivo o
excluyente, no gozando del efecto positivo o prejudicial. Ello significa, particularmente, que:
a) Excluye, por ser presupuesto procesal, un segundo juicio (contenido procesal), y, en su caso,
la posible segunda condena (contenido sustantivo), de acuerdo con los Arts. 95 de la
Constitución política y 11 CPPHond.
Este efecto, que no es sino el principio non o ne bis in idem, tiene en lo penal una
relevancia considerable, porque significa la plasmación del principio de la prohibición de la
doble incriminación, garantía constitucional propia de los países democráticos (por ejemplo, la
prohibición de la double jeopardy por la Enmienda V Constitución USA; Art. 7 CEDH; Art. 103,
ap. (3), Ley Fundamental alemana); también es el caso de Honduras como acabamos de citar .
Es interesante reseñar ahora que existen países, España por ejemplo, en los que no se
reconoce en su Constitución explícitamente este principio, que obligan a realizar continuos
esfuerzos por parte de sus tribunales constitucionales para incardinarlo en ella. Así, el Tribunal
Constitucional español, que ha tenido varias ocasiones de pronunciarse sobre la cosa juzgada, ha
sentando la siguiente doctrina: "La cosa juzgada despliega un efecto positivo, de manera que lo
declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica y un efecto negativo, que determina la
imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema", afirmando más
adelante que el principio llamado de "non bis in idem" está "íntimamente unido al principio de
legalidad de las infracciones que recoge el Artículo 25 de la Constitución..." (v., por ejemplo, las
SS TC 2/1981, de 30 de enero; 77/1983, de 3 de octubre; 159/1985, de 27 de noviembre;
221/1997, de 4 de diciembre; ó 177/1999, de 11 de octubre). Ese efecto positivo no es llamado
así por la doctrina, pues con este nombre se refiere al prejudicial, como vemos ahora.