Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Obsérvese que la acción penal no concede, puesto que ninguna relación jurídica
existe por el delito o falta entre el autor y su víctima, derecho alguno a quien es ofendido por
el delito a que se condene a quien le ha causado el daño, penal o civil, derivado del hecho
ilícito que es el delito o falta. Sólo se tiene derecho de acceso al tribunal de justicia (Art. 82,
párrafo segundo, CHond). Esta posición, conocida doctrinalmente en Europa como teoría
abstracta del derecho de acción, que es certera y por ello absolutamente mayoritaria, lleva
sin embargo a una constelación de problemas, lamentablemente no todos ellos resueltos hoy,
que hacen que de todas las grandes instituciones jurídicas, el proceso penal siga siendo una
de las más convulsas y en permanente evolución.
El primer problema surge porque los ordenamientos jurídicos son muy dispares a
la hora de reconocer la acción penal. Unos sistemas son muy restrictivos y solamente una
autoridad pública, generalmente el Ministerio Público, es el titular de la acción, quien acusa
en régimen de monopolio (proceso penal norteamericano); otros son muy condescendientes
y conceden la acción, además de al Fiscal, a la víctima y a cualquier nacional, reconociendo
una acción penal popular, además de permitir acumular la acción civil a la penal en un
mismo proceso penal (proceso penal español); otros, hoy la mayoría, reconocen la acción
penal pública al Ministerio Público y, con diversos matices, una acción penal privada a la
víctima del delito o falta, quien defiende sus intereses en el proceso como ofendido y, en
algunos sistemas también como perjudicado civil, aunque la tendencia sea a excluir la
acumulación de la reclamación civil y de la penal en el mismo proceso, dejando a cada una
su propio cauce (proceso penal alemán, italiano y portugués).
Un segundo problema surge porque la acción en el proceso penal no implica un
derecho a que se dicte sentencia sobre el fondo, como podría pensarse inicialmente. La
doctrina europea tiene dicho muy claramente que ni el Fiscal, ni en su caso la víctima o
cualquier otra parte, tienen derecho al ejercer la acción penal a que en todo caso se abra el
proceso penal, ni mucho menos a que se desarrolle hasta su final. Ello, entre otras razones,
porque el proceso no tiene sentido si los hechos no son constitutivos de delito o falta. Por
eso a lo único que tiene derecho el actor al ejercer su derecho de acción es o a que se abra el
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