Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

eneficiario del precepto, por ejemplo, ese genérico “liber homo”, no es equivalente al
ciudadano de hoy, sino indicativo del notable de entonces. Pero fue, indudablemente, un
primer paso. El punto de partida para la construcción de un sistema de garantías, tanto
materiales (principio de legalidad) como procesales (el “due process of Law”), que pasaron
a ser patrimonio del constitucionalismo liberal, y hoy han alcanzado su consagración en los
grandes textos internacionales, como “...patrimonio fundamental de la Humanidad...”.
El primer inciso del Artículo 94 de la Constitución hondureña dispone: “A nadie se
impondrá penal alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido
impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o Autoridad competente. ...”.
La garantía de jurisdiccionalidad está consagrada ya en el primer Artículo del
Código Procesal Penal, epigrafiado “Juicio previo”. A su tenor, “... [ninguna] persona
podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de
sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse
probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios
establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales
Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del
imputado. ...”.
Delito, Pena y Proceso resultan, como comenta CONDE PUMPIDO FERREIRO,
conceptos rigurosamente complementarios.
El principio de necesidad adquiere ahora una nueva dimensión. La de la
persecución, enjuiciamiento y castigo de quienes cometen culpablemente una infracción
penal compromete la eficacia del sistema penal en su función protectora del modelo de
Sociedad y de los derechos de las personas que la componen. La necesidad de un proceso
previo en el que, con observancia de garantías fundamentales, se declare la culpabilidad de
la persona a la que se ha de imponer la pena legalmente establecida como castigo de una
conducta no menos legalmente definida como infracción penal, constituye una seguridad