Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

la suspensión condicional de la persecución penal. ...”. Responde, esta causa de abstención
(conocida asimismo en Costa Rica y Nicaragua), a un criterio claramente utilitarista,
aplicado por muchos sistemas penales de otros países, como regla general o introduciendo
reglas específicas para “arrepentidos” de determinados delitos, como los de narcotráfico o
terrorismo, que ofrece un incentivo penal, articulado como renuncia a la acción, en atención
al mayor beneficio colectivo que se consigue mediante la colaboración del delincuente. Si
bien, cabe destacar que en realidad dicho beneficio, tal y como se desprende de la
literalidad de la norma, no resulta de aplicación exclusiva para casos de “delincuencia
organizada” (concepto por sí sólo de difícil determinación); dado que resulta igualmente
aplicable para cualquier delito “grave” o que resulte de “tramitación compleja”.
Circunstancia última que, en algunos supuestos, no responderá únicamente a la gravedad
del hecho o al bien jurídico lesionado por el mismo, sino incluso a circunstancia externas,
como ser, por ejemplo, la posible complejidad en su investigación.
2. Mecanismos de fiscalización del ejercicio del poder de abstención de persecución por
razones de oportunidad.
No se ha optado por la generalización de la exigencia de aprobación judicial, sólo
exigible en caso de conflicto entre el Ministerio Público y la víctima; en su lugar, se prevén
dos distintos mecanismos fiscalizadores.
[a] La necesidad de homologación superior, como mecanismo de fiscalización interna.
A tenor del Artículo 29, párrafo primero, CPPHond, la aplicación del criterio de
oportunidad “... deberá ser autorizada por el Fiscal General de la República, quien podrá
delegar esta facultad en el Director de Fiscales y éste en el sentido descendente de la jerarquía,
excepto en el caso previsto en el numeral 5) del Artículo 28, cuya autorización deberá
darla el titular de la Fiscalía General de la República. ...”.
[b] La posibilidad de actuación supletoria de la víctima, como garantía de su derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva y control político del Ministerio Público: