Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Procesal Penal, como a la estricta conformidad regulada para el procedimiento ordinario en
el Artículo 322 de la misma norma. Diferenciadas ambas –como continua exponiendo el
citado autor- en atención al momento procesal en que pueden darse (en la audiencia inicial
o en cualquier momento previo al auto de apertura a juicio, en el supuesto del
procedimiento abreviado; o, en el juicio oral, en el supuesto de la estricta conformidad); así
como en cuanto al órgano jurisdiccional competente para conocer de cada una de ellas (el
Juez de Letras en el procedimiento abreviado y el Tribunal de Sentencia en el caso de la
estricta conformidad). En ambas, no obstante, se trata de mecanismos intra procesales (la
pretensión acusatoria ya ha sido formulada ante el órgano jurisdiccional) que condicionan,
tanto la pena en concreto a imponer, como el procedimiento a seguir, al anticipar la fase de
enjuiciamiento y sentencia.
Así, podemos definir a la conformidad en el proceso penal hondureño, siguiendo la
definición propuesta por CUELLAR CRUZ, como “un acto dispositivo que supone una
declaración de voluntad de la parte pasiva, es decir, tanto del acusado como de su Defensor
técnico, por medio de la cual se produce una aceptación por el imputado de los hechos, de
la calificación jurídica y de la responsabilidad penal exigida por la parte acusadora, con el
objeto primordial de poner fin al proceso penal, procediéndose a dictar sentencia
inmediatamente, al hacerse innecesaria la vista”.
Partiendo del concepto anterior, resulta importante destacar algunos aspectos
esenciales para el correcto entendimiento del instituto en estudio. Así, en primer lugar, y
como continua exponiendo el citado autor, debemos admitir su naturaleza jurídica como
“manifestación consensuada del principio de oportunidad, tendente a poner fin al proceso
penal en curso, mediante sentencia anticipada”.
En segundo lugar, y como consecuencia de su identificada naturaleza como
“manifestación consensuada del principio de oportunidad”, debe igualmente aceptarse su
condición de instrumento discrecional a favor del órgano de persecución oficial, el
Ministerio Público, como excepción a su obligación legal de acusar y agotar la causa hasta
sus últimas consecuencias (sentencia), previa superación de cada una de las instancias que
conforman el proceso penal, entre ellas, y muy especialmente, el correspondiente juicio
oral.
Por tanto, si bien el referido instrumento de simplificación procesal debe
considerarse como un beneficio a favor del imputado, dadas las rebajas penológicas que el
mismo conlleva (de un cuarto sobre la base de las penas que correspondan y hasta de un
tercio si se ha procedido previamente a la reparación del daño causado –Art. 403, últimos
dos párrafos, del CPPHond-); en ningún caso puede llegar a reconocerse como derecho de
éste.
Lo anterior, por una parte, toda vez que requiere, como requisito previo a la
formulación de la solicitud conjunta ante el órgano judicial (Art. 403, párrafo primero,
CPPHond), de su estimación por parte del Fiscal conocedor de la causa. Y, por otra, porque
de hecho, mediante su sometimiento voluntario al mismo, el imputado realiza una renuncia
expresa a su derecho a un debido proceso, el cual incluye, como ingrediente esencial, el
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