Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Igualmente, cabe destacar que en los delitos de acción penal pública puede tener
intervención directa, en condición de parte procesal, la víctima u ofendido por el
hecho delictivo, en cuyo caso interviene en condición de acusador particular
adherido a la acción penal iniciada por el Fiscal (y no como “acusador privado”, a
pesar de la literalidad del encabezado previsto para el Artículo 96 del CPPHond,
condición que, en estricto rigor científico procesal, únicamente ostenta en los delitos
de acción penal privada). Es decir, e intentando facilitar una ejemplificación gráfica,
si bien es cierto en los delitos de acción penal pública el Fiscal tiene la llave para
abrir el camino hacía la judicialización de una causa penal (exceptuando aquellos
supuestos en los cuales procede la conversión por aplicación indebida, a parecer de
la víctima, de un criterio de oportunidad), una vez abierta la puerta en sede judicial, a
través del correspondiente requerimiento fiscal, la víctima puede personarse como
parte dentro del proceso penal iniciado, mediante el nombramiento de representante
legal al efecto.
b) Acción penal semi pública o a instancia particular, que procede en aquellos delitos
en los cuales la actuación acusatoria del Ministerio Público queda supeditada a la
existencia de autorización expresa previa por parte de la víctima u ofendido (Art. 26
CPPHond). En estos supuestos, al igual que como observamos acontece para el caso
de los delitos de acción penal pública, la víctima puede constituirse dentro del
proceso penal como parte acusadora adherida a la acción iniciada por el Ministerio
Público, o, incluso y a diferencia de aquéllos, constituirse en parte acusadora
autónoma y única por vía de la conversión de la acción (Art. 41 CPPHond), ante la
posible pasividad por parte del órgano acusador oficial. Si bien, lo cierto es que en
este último supuesto, donde se ha procedido a la conversión de la acción de pública a
privada, la víctima actuará, ya no en condición de acusador particular, sino de
acusador privado, dado el cambio artificial de la naturaleza misma de la acción
(precisamente de pública a privada), y, por ende, igualmente del procedimiento a
seguir, del procedimiento ordinario al procedimiento especial para delitos de orden
privado.
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