Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Está absolutamente vedado a los miembros de los órganos jurisdiccionales la
delegación de sus funciones, es decir, delegar el desarrollo de sus actuaciones en el personal
auxiliar o empleados subalternos, ya que ello violentaría el derecho al debido proceso, puesto
que estaríamos ante actos por un empleado público ajeno al juez, que es el destinado por la ley
para las diligencias que requieren su intervención. Tan grave es la afectación que un acto
realizado de esa forma ocasionaría al proceso, que el CPPHond (Art. 137), le destina la sanción
de nulidad, siendo responsable el tribunal por los efectos que esa nulidad conlleve. Con esta
taxativa prohibición, se pretende erradicar la viciada práctica judicial que imperó en el sistema
procesal penal regido bajo el Código de Procedimientos Penales de 1984, en el que de forma
general se destinaba en simples escribiente judiciales actos tan importantes del proceso, como ser
la toma de testigos, inspecciones judiciales, y emisión de sentencias, con lo que se ponía en
precario la seguridad jurídica que debían contener los fallos de los tribunales, porque sus titulares
eran los más alejados de la realidad procesal que representaban las actuaciones judiciales;
estábamos pues ante un completo desorden judicial, puesto que los que dirigían el juico no eran
los funcionarios destinados por la ley para ello, sino que la dirección de las causas recaía en los
escribientes. Desgraciadamente la delegación de actuaciones judiciales se sigue presentando en
otras jurisdicciones.
Esa errada práctica procesal imperante en el pasado (en materia penal) y de actual
desarrollo (en los demás órdenes jurisdiccionales), es abordada por PALACIOS MEJIA, en la
siguiente forma: “La prueba fundamental sigue siendo entre nosotros - y sólo entre nosotros – la
de testigos, el dicho de los cuales es determinante para la condena o la absolución. Ahora bien,
¿quién recibe la deposiciones de los testigos? ¿El Juez que para dictar sentencia tendrá que
valorarlas? No, de ninguna manera, no es ese funcionario quien oye declaraciones de testigos y
dictámenes de peritos ni los ve, ni oye lo que dicen, ni sabe si lo que se consigna en las actas que,
después él firma como si todo hubiera ocurrido en su presencia, corresponde a lo que en realidad
han expuesto los declarantes. ¿Quién, entonces, recibe esas pruebas? Pues, sencillamente,
quienes realizan esa labor importantísima son los escribientes...”
D) Devolución de objetos
Los tribunales podrán ordenar la devolución, bien provisional o definitiva, de los
objetos o instrumentos del delito, a las personas que comprueben ser sus dueños, en los casos en
que ellos no hayan intervenido en los hechos imputados. De efectuarse la devolución provisional,
el órgano jurisdiccional señalará las condiciones de entrega de las cosas al dueño de ellas, quien
asumirá la posición de depositario de las mismas, advirtiéndole de las responsabilidades que
asume por ese cargo (Art. 136 CCPHond).
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