Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Constitución de la República, las disposiciones comunes se aplicarán supletoriamente en lo
que no contraiga a éstas normas expresas.
La inmunidad, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, comprende la
irresponsabilidad y la inviolabilidad. La irresponsabilidad significa que los funcionarios no
son responsables penal ni civilmente por las opiniones que emiten en el ejercicio de su
cargo, se trata de proteger la labor que desempeña el funcionario, para que pueda ejercerla
sin temor a represalias del Ejecutivo o de particulares.
Se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de la irresponsabilidad, la doctrina
mayoritaria ha estimado, con razón, que se trata de una causa de justificación, siendo un
supuesto de ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber; otros han sostenido que se
trata de una causa de exculpación, y unos últimos señalado que se trata de una causa de
exclusión de la pena.
La inviolabilidad, por su parte, implica que a los altos funcionarios no se les puede
seguir proceso penal, sin autorización previa del Poder Legislativo, esta autorización es
conocida como desafuero, una simple condición de procedibilidad, por lo que la no
admisión de la acusación por el Congreso Nacional no produce cosa juzgada.
Esta prerrogativa desaparece una vez que el funcionario cesa en el cargo, aún
cuando el hecho acusado haya sido cometido mientras fungía en el mismo, esto en virtud
que la inviolabilidad no pretende proteger al sujeto en sí, sino la función pública que
desempeña.
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 419
CPPHond, los funcionarios que gocen del fuero de inmunidad podrán someterse al proceso
voluntariamente sin que deba realizarse el procedimiento para que el Congreso Nacional
deba declarar ha lugar o no a formación de causa.
175.2 De los Sujetos
El Artículo 205, numeral 15), CRHond, establece que gozarán de inmunidad el
Presidente de la República, los designados a la Presidencia, los Diputados al Congreso
Nacional, los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los Miembros del Tribunal
Nacional de Elecciones, el Secretario y Sub-Secretario de Estado, los Jefes de Misiones
Diplomáticas, el Contralor y Sub-Contralor General de la República y Director y Sub-
Director de Probidad Administrativa, el Fiscal General de la República, el Fiscal General
Adjunto, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los miembros de los cuerpos
diplomáticos.
Además de los Diputados, gozarán de inmunidad los candidatos a diputados, desde
el día que sean nominados por su respectivo partido.
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