Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

En el Artículo 101, numeral 11, CPPHond se trata de dar solución al conflicto de
intereses mediante un doble mecanismo:
[a] En primer lugar se atribuye al imputado el derecho de requerir al
Ministerio Público para que practique los actos de instrucción que aquél considere
convenientes a sus intereses.
[b] Frente a la negativa (motivada: Lo que constituye un factor garantista
adicional preventivo de la arbitrariedad) del Ministerio Público, el imputado podrá acudir al
Juez de Letras pretendiendo su práctica.
En efecto, en dicho precepto se dispone que la persona imputada tendrá derecho
“... a requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que
intereses a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En este caso, el Ministerio
Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24)
horas. Si denegare la práctica de la actuación requerida, el Defensor de la persona imputada
podrá solicitar al Juez de Letras competente que ordene su ejecución y, éste, en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación,
ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica”.
Por otra parte, y evidenciado el mecanismo procedimental anterior, CUELLAR
CRUZ igualmente destaca, a favor del principio de igualdad y como compensación a la
nueva facultad instructora del Fiscal, tres aspectos importantes:
1) El hecho de que nada de lo actuado en etapa de investigación por el Fiscal y la Policía
Nacional, salvo el caso excepcional de prueba anticipada, en cuya práctica se garantiza
plenamente el contradictorio en posición de igualdad, tanto de partes acusadoras y
defensoras, ante órgano jurisdiccional competente (Art. 277 CPPHond); adquiere, por sí,
valor probatorio alguno. Debiendo someterse dichos actos de investigación a los principios
de contradicción e inmediación ante el Tribunal de Sentencia en la correspondiente
audiencia de debate;