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MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL.
TEMA 251.
debe inspirar, importa que no se admita ningún medio de prueba que atente a los valores
fundamentales de la civilización...”. Sin embargo, falta una construcción doctrinal
elaborada sobre las consecuencias de este principio, y la jurisprudencia es contradictoria.
La discusión doctrinal acerca de la admisibilidad de las pruebas de origen
ilegítimo enfrenta, en Italia, tres opiniones.
Están, de un lado, quienes entienden que las pruebas ilícitamente obtenidas son
radicalmente nulas, e inutilizables en el proceso. Algunas sentencias antiguas parecen
haber aplicado este criterio.
Para un sector de la procesalística italiana, en cambio, a salvo casos de
extraordinaria gravedad, la prueba ilegítimamente obtenida debía ser admitida en juicio.
Este criterio fue igualmente refrendado por alguna resolución jurisprudencial.
Entre ambos extremos, encuentra creciente aceptación el criterio con arreglo al
cual la inadmisibilidad sólo es predicable cuando la fuente de prueba se obtiene
mediante violación de un derecho fundamental. La Sentencia número 34, de 6 de Abril
de 1973, a propósito de interceptaciones telefónicas clandestinas (y que dio lugar a la
introducción de los Artículos 226 bis y siguientes en el Código de Procedimiento Penal,
por Ley número 98, de 8 de Abril de 1974), proclamó el principio general según el cual
actos ejecutados con desprecio de los derechos fundamentales del ciudadano, no pueden
ser aceptados como justificación y fundamento de actos procesales de quien haya
padecido aquella actividad constitucionalmente ilegítima.
La Sentencia de 14 de Diciembre de 1957, del Tribunal Supremo, cortó el paso a
la extensión de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, al permitir la utilización
de datos conseguidos regularmente a partir de informaciones obtenidas durante una
detención ilegalmente prorrogada.
El Artículo 191.1 del Código de Procedimiento Penal, de 1988, dispone que “las
pruebas adquiridas con violación de prohibiciones establecidas por las leyes no pueden
ser utilizadas”. Su ambiguo tenor literal no resuelve expresamente este punto.
El Artículo 129 del vigente Código de Procedimiento Penal portugués, de 1987,
es de tenor parecido al italiano. Su Artículo 126 acota los métodos prohibidos de
prueba, en sintonía con lo establecido por el 32.6 de la Constitución de la República de
Portugal (de 2 de abril de 1976), a cuyo tenor “... [serán] nulas cualesquiera pruebas
obtenidas mediante tortura, coacción, atentado a la integridad física o moral de la
persona, o intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio, en la
correspondencia o en las telecomunicaciones ...”.
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