Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

y resoluciones observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece,
entre ellas, las reglas del derecho adjetivo, instruidas con la finalidad de asegurar la
igualdad procesal de las partes y la seguridad jurídica, asimismo que dichas
actuaciones procesales deben contener una motivación y fundamentación que
sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia”), es exigido por el
CPPHond, de manera específica en su Artículo 141, al señalarse en sus párrafos
segundo y tercero, que “los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas,
contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del
tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación
expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y,
en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio
que se les haya atribuido”, esta disposición procesal se remite al Artículo 338 del
mismo Código para regular la motivación de las sentencias definitivas.
Resulta pues de importancia hacer un breve estudio de la motivación de las
sentencias, ya que, además de la trascendencia constitucional y procesal que sobre ella
se exige (puesto que constituye una garantía para las partes el conocer las razones que
determinan la resolución judicial para poder controlar la misma a través del recurso
legalmente previsto), algunos de los motivos de casación por quebrantamiento de forma
hacen referencia al vicio por falta de motivación.
Al respecto, CUELLAR CRUZ enseña que dentro del derecho a obtener una
sentencia de fondo fundada en derecho congruente, se impone la obligación de los
tribunales de pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, siempre y cuando
concurran los requisitos procesales necesarios, y en el caso de no pronunciarse sobre el
fondo por no cumplirse esos requisitos formales o presupuestos procesales, debe
dictarse una resolución motivada y fundada en derecho con respecto a su inadmisión o
desestimación. Sobre el deber de motivar, señala el mismo autor, que la sentencia que
ponga fin al proceso debe estar fundada en derecho, exponiendo razonablemente el
contenido del fallo. Es así, en consecuencia, que la falta de motivación conlleva
afectación grave al proceso, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva, al
debido proceso y al mismo derecho de defensa, puesto que mal se defendería quien
desconoce las razones en que se habría basado el juzgador, si esas razones sólo se
encuentran en su conciencia y no se integran en la resolución.
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