Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL.
TEMA 26.
5) El Arzobispo, los Obispos y los Vicarios generales o capitulares de
la Iglesia Católica y las personas de rango comparable de otras iglesias legalmente
reconocidas en Honduras;
6) Los representantes ante el Tribunal Nacional de Elecciones;
7) Los Diputados al Parlamento Centroamericano;
8) Los Magistrados de la Corte Centroamericana; y,
9) Los demás que determinen las leyes especiales. ...».
Dichas personas, sin embargo, podrán renunciar a este tratamiento especial.
Se arbitra un mecanismo para garantizar el derecho de las partes a la efectiva
defensa de sus intereses y a la contradicción.
«... Las personas a que se refieren los numerales anteriores rendirán la
declaración en su casa de habitación u oficina, previa cita o por oficio urgente. La
declaración deberá producirse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de
la solicitud. Las partes personadas en el procedimiento serán citadas y podrán asistir
a la recepción del testimonio y formular en el acto, las preguntas que no sean declaradas
inadmisibles por el Juez o por el presidente o miembro del Tribunal de
Sentencia que se designe. ...»
Como caso particular, «... [los] diplomáticos acreditados ante el Gobierno de
la República y los representantes de organismos internacionales que gocen de
inmunidad, de acuerdo con los convenios de que Honduras forme parte, no están
sujetos a lo dispuesto en [el artículo 228 CPP], pero podrán declarar verbalmente o
por escrito, si así lo determinan. ...».
119.2.3 Prohibición de testificar
El párrafo último del Artículo 228 CPPHond establece: «... Los militares y
los funcionarios públicos, en ningún caso, podrán dar testimonio sobre materias de
que tuvieren noticias, y que deban considerarse secretos de Estado, porque su difusión
pueda dañar gravemente o poner en riesgo también grave la seguridad o la
defensa del Estado o sus relaciones internacionales....».
El concepto de «secreto de Estado» resulta ser, al menos en parte, un
concepto jurídicamente indeterminado, o, si se prefiere, un concepto
semánticamente «vago» ya que remite, para integrarlo, a juicios de valor que ha de
hacer el órgano jurisdiccional, lo que entraña un riesgo para la seguridad jurídica
(FERRAJOLI).
En este caso, a tenor del párrafo segundo del Artículo 229 CPPHond, el
órgano jurisdiccional no podrá resolver, sino después de haber oído en forma
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