Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

En atención a lo cual, “… deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan
comprobar la acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de
responsabilidad al imputado; asimismo, deberán formular sus requerimientos conforme a
ese criterio, aún a favor del imputado. ...”.
El acusador privado y la Defensa se servirán del Ministerio Público para llevar a
cabo los actos de instrucción que estimen conveniente a sus intereses (Artículos 97, 101
[11] y 407 CPPHond), con posibilidad de acudir en queja ante el Juez de Letras, en caso de
rechazo injustificado de su requerimiento.
El Juez de Letras se presenta, de este modo, como una instancia controladora de la
efectividad del principio de igualdad de oportunidades de las partes durante la instrucción,
y de la procedencia (legalidad, proporcionalidad y utilidad procesal) de aquellos actos de
investigación y medidas cautelares que comprometan derechos fundamentales, que habrán
de adoptar, sin embargo, a instancia de alguna de dichas partes, tópicamente, la acusadora.
En el juicio oral se adopta, como regla general, el principio que carga sobre las
partes la aportación de la prueba de los hechos fundamentadores de sus respectivas
pretensiones, aunque la persona acusada se beneficie de la afirmación interina de su
inocencia. El primer inciso del Artículo 333 CPPHond lo establece así claramente: “...
Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente
propuestos por las partes. ...”.
Pero, a continuación, introduce la posibilidad de disponer la práctica de las llamadas
“diligencias para mejor proveer”, en los siguientes términos: “... El Tribunal podrá, sin
embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante
el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes
no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el Juez en la audiencia
inicial. ...”.