Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño
La limitación más importante que pesa sobre la jurisdicción es la de que no
puede estar regida más que por la ley y la Constitución que informa aquella. En efecto, la
sociedad en general y el particular que pone en movimiento la maquinaria jurisdiccional,
aspira que las autoridades judiciales sujeten sus decisiones a la ley, que limiten sus
actuaciones a ella. Así lo dice el artículo 303 CHond citado “...jueces y magistrados
independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes”; en similares
términos como hemos señalado en el literal anterior lo enuncia el CPPHond. Esa
exigencia la recalca la misma Carta Magna en su artículo 321, al prescribir que “Los
servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.
h) Única.
La exclusividad de la jurisdicción se traduce en el principio de unicidad de la
jurisdicción.- La jurisdicción en todas sus manifestaciones es unitaria, sólo a las
autoridades jurisdiccionales, integrantes del Órgano Judicial, les corresponde el ejercicio
de la potestad jurisdiccional.- Ello conlleva a condenar las denominadas “jurisdicciones
especiales”, que atentan inclusive contra el derecho o principio de “Juez Natural”.
Complementando las citas legales anteriores, de las cuales destaca la potestad del
ejercicio de la jurisdicción conferida por la Constitución de la República al Poder
Judicial, según lo enuncia el artículo 303, reformado; el artículo 304 de esa ley primaria
prohíbe la creación de jurisdicciones de excepción, cuando señala que: “En ningún
tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. Ello implica,
refiriéndonos ya en concreto al orden penal, que no podrán crearse jueces “ad-hoc” para
conocer de ciertas infracciones penales, ya que ello, vulneraría el principio de Juez
Natural, que forma parte, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
(sentencia del 25 de mayo de 1999), del principio o derecho del Debido Proceso, ya que
el juez que conozca de un asunto debe estar previamente establecido por la Ley antes de
la ocurrencia del hecho sometido a ese conocimiento y debe tener asignadas por la misma