Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño
sólo se puede explicar como producto de las contradicciones y compromisos que todo
movimiento histórico genera, esto es, de las marchas y contramarchas de un proceso
cultural aun no terminado. En efecto, no es susceptible de ser pensado que una misma
persona se transforme en un investigador eficiente y, al mismo tiempo, en un guardián
celoso de la seguridad individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contrario,
el buen juez destierra al inquisidor. El buen propósito de garantizar más al perseguido,
colocando la investigación preparatoria en manos de un juez, sucumbió necesariamente
ante la idea simple de que nadie es buen guardián de sus propios actos, esto es, quien está
comprometido con la eficiencia de una investigación no puede ser, al mismo tiempo,
quien controle el límite de sus poderes.
Precisamente, porque es necesario rescatar el espíritu republicano inicial, es que
muchas legislaciones dividieron las funciones judiciales del Estado, aún durante la
instrucción preliminar (y no sólo en el juicio), otorgando a un órgano estatal, el ministerio
público, la investigación y el poder requirente, y a otro distinto, los jueces, el poder de
controlar los límites del ejercicio de ese poder y, consecuentemente, el poder de decisión.
Así se ha resuelto el problema en el Código [Modelo] ... El ministerio público
es el responsable de la investigación preliminar y los jueces quienes controlan el ejercicio
de ese poder cuando interesa a las seguridades individuales. ...».
Durante la instrucción de la causa se llevan a cabo, como advierte el profesor
GIMENO SENDRA, actos de investigación propiamente dichos, pero también actos que,
en puridad, son jurisdiccionales. De estos últimos -adopción de medidas investigadoras o
cautelares limitativas de derechos de la persona, pero también actos que hayan de
funcionar eventualmente como prueba preconstituída en un posible juicio posterior- ha de
entender un órgano judicial; de los demás, el Ministerio Fiscal o Ministerio Público.
En el párrafo primero del artículo 7 del Código Procesal Penal, se contiene una
clara proclamación de la doble exigencia de independencia y de imparcialidad de los
jueces penales: «... El juzgamiento de los delitos y de las faltas, así como, el control de la