Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Cuando el Artículo 1º, del Decreto-Ley de 27 de noviembre y 1º de
diciembre de 1790, creó un Tribunal de Casación cerca del Cuerpo Legislativo, la
Asamblea -advierte GENY- estaba conforme en que se trataba de un órgano
paralegislativo, y no propiamente jurisdiccional. Tenía una misión nomofiláctica
(CALAMANDREI, GUASP, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, LLORENTE), de
defensa de la Ley. El Tribunal habría de ser un órgano no integrado en el Poder
Judicial, sino un órgano político (LLORENTE) independiente y superior a Jueces y
Magistrados, ya que era a modo de un delegado del Poder Legislativo para vigilar la
forma en que aquéllos aplicaban el textos de las Leyes, a fin de evitar sus
inobservancias más groseras.
Esta actitud se correspondía con la patrocinada por la denominada Escuela de
la Exégesis, que colocaba «... los textos [legales] sobre todo ...», como rezaba el
expresivo lema de DEMOLOMBE. Por eso, hace observar DE OTTO, el Tribunal
de Casación depuraba sólo los casos de «contravención expresa del texto de la ley».
Todo este sistema reflejaba el «horror a la jurisprudencia», vista como fuente
de peligro de distorsión de la voluntad general, representada por las decisiones del
Poder Legislativo. Se han convertido en cita tópica las palabras de ROBESPIERRE
ante la Asamblea Nacional: «... El término jurisprudencia debe borrarse de nuestra
lengua. En un Estado que tiene una Constitución, una legislación, la jurisprudencia
de los Tribunales no es otra cosa que la Ley. ...».
Sin embargo, como explica CALAMANDREI, factores políticos, jurídicos y
prácticos dieron lugar a un cambio de rumbo.
Se suprimió el référé legislatif, que se había revelado como institución
discutible desde el punto de vista de los principios y entorpecedora en su aplicación
práctica, a la vez que se ensanchaba en ámbito de la crítica casacional, hasta
extenderse a cualquier error interpretativo de las normas.
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