Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

Un incremento de la gravedad de las sanciones y una mayor eficacia de los aparatos
policial y judicial (aumentando los índices de probabilidad de descubrimiento y castigo de
los delitos y reduciendo la duración del procedimiento penal) han contribuido, ciertamente,
a elevar la cifra de población reclusa, pero no han mejorado proporcionalmente la
situación.
Ni, desde luego, parece que la pena privativa de libertad (a menudo precedida de
alguna experiencia de internamiento en centros correccionales de menores, presente
recurrentemente en muchas biografías criminales) produzca efecto resocializador alguno.
Incluso hay buenas razones para afirmar que la “estigmatización” que lleva consigo (y que
fue puesta de relieve por los seguidores del labelling approach) acrecienta el riesgo de
recidiva.
Obviamente, este diagnóstico pesimista se ennegrece cuando se enfoca la población
juvenil. Valen, para ella, aún más, si cabe, las advertencias sobre los efectos
desocializadores de la pena privativa de libertad: Su capacidad estigmatizadora, mayor en
las épocas tempranas de la vida; la adaptación al microcosmos carcelario; la incorporación
a la subcultura de la delincuencia; la pérdida de la propia estima, de la capacidad de
autocrítica y de responsabilización de los propios actos.
Con estos antecedentes, se ha propiciado la pérdida de confianza en el sistema
penal, la misma que, en ambientes autoritarios, conduce a las propuestas de abandono del
garantismo democrático penal y procesal penal, y de exasperación punitiva que calan
profundamente en la opinión pública. Lo que ha favorecido un nuevo planteamiento, “una
nueva forma de pensar” (lema feliz acusado por ESTHER GIMÉNEZ-SALINAS) que
recupera el drama nuclear, el conflicto que enfrenta al delincuente con su víctima, o, si se
prefieren términos con menor carga valorativa, a la persona causante del daño con la
persona dañada.