Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

El Dictamen tuvo a la vista una etapa de aplicación jurisprudencial muy
restrictiva del alcance del recurso de casación, estando pendiente el debate acerca de
si obliga a introducir en cualquier sistema procesal la doble instancia -esto es, el
recurso de apelación, que coloca al órgano revisor en la misma posición que el de
instancia (MARTÍNEZ ARRIETA), lo que supondría tener que valorar pruebas cuya
práctica no se presenció, en detrimento de las exigencias de efectividad del principio
de inmediación, o si las objeciones tenidas en cuenta han sido superadas -como
sostienen GIMENO SENDRA y ORTELLS RAMOS- en la etapa actual, mucho más
amplia y flexible, muy próxima a su configuración en el Código Procesal Penal.
Especial importancia tiene la introducción de un motivo de recurso por infracción de
normas constitucionales, que podría permitir satisfacer las exigencias de la norma
internacional sobre el alcance del derecho al recurso en el proceso penal.
Así lo cree, en relación con el recurso de casación diseñado por el Código
Procesal Penal hondureño, PALACIOS MEJÍA.
De la misma opinión es LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA,
para quien “... existen ... formas legales de atacar indirectamente en casación los
hechos probados de la sentencia recurrida [si tal es el reproche fundamental que se
formula a la omisión de la apelación, sustituida por la casación] especialmente en
relación con la prueba ilegalmente obtenida y la revisión de la valoración de la
prueba en la instancia, mediante un control negativo de arbitrariedad y positivo de
razonabilidad. ...”. Y diagnostica: “... La regulación en la casación en el proceso
hondureño, siempre que no se extreme el rigorismo formal -que iría, por otra parte,
en contra de su verdadera naturaleza ...- cumple ... las exigencias del art. 14.5 del
PIDCP, puesto que el Pacto de Nueva York no obliga a que se instaure una doble
instancia en el proceso penal, sino a que la sentencia condenatoria pueda ser
examinada por un tribunal superior a través de un recurso efectivo. ...”.
De este modo, añade, se hace compatible mantener un control eficaz de la
corrección de las sentencias dictadas en la primera instancia, combinando las
ventajas de la apelación (partiendo de una visión realista de las posibilidades de
revisión de la prueba en este recurso) y las de la casación (defensa de la Ley y
unificación de su aplicación por los diferentes órganos jurisdiccionales), respetando,
al tiempo, lo establecido por el inciso inicial del Artículo 303, párrafo segundo, de la
Constitución, a cuyo tenor, “... [en] ningún juicio habrá más de dos instancias ...”;
precepto, por lo demás, que trata de limitar el número de instancias (no de imponer
un número de ellas), para evitar su indefinida multiplicación en perjuicio de la
seguridad jurídica.
Finalmente, resulta conducente, a fin de efectuar una necesaria crítica
constructiva a la práctica judicial nacional con respecto a la resolución de los
recursos, especialmente el de casación, realizar siquiera una breve referencia al
indiscutible vínculo existente entre el derecho fundamental de acción, consagrado en
el Artículo 82 de nuestra Constitución, como pilar básico para la obtención de una
tutela judicial efectiva.
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