Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

quedar probada, no bastando meras conjeturas o suposiciones, ni teniendo el acusado la
carga de probar su inocencia, que por esto mismo se le supone (Art. 2, I, CPPHond),
más allá incluso en el momento de sentenciar, mediante la efectividad del principio in
dubio pro reo, como regla probatoria en caso de duda (v. Art. 2, II, CPPHond).
Por eso dice el Artículo 89 de la Constitución del la República que “toda persona
es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad
competente.”
De esta manera la presunción o estado de inocencia opera como límite
constitucional de la investigación: El Ministerio Público, en colaboración con la Policía
Nacional, deben conseguir al menos una prueba de cargo contra el acusado, pues de lo
contrario, será absuelto por aplicación de este derecho.
Por ello, tal y como señala CUELLAR CRUZ “... El derecho a la presunción de
inocencia implica que, al partir de la inocencia de la persona sometida al proceso penal,
es a la acusación en su condición de afirmante de culpabilidad a quien corresponderá,
mediante la incorporación de pruebas al proceso, demostrar la culpa del presumido
inocente...”
En ese sentido, la sentencia que fije la relación de culpabilidad del imputado con
el hecho base de aquella, debe ser debidamente fundamentada, es decir, los jueces deben
externar el iter lógico que emplearon para analizar la prueba en que se basa el fallo, la
interpretación de la legislación y la doctrina a aplicar, así como las razones que los
llevaron a concluir conforme lo hicieron.
B) Prohibición de utilizar medios ilícitos
Mediante la prohibición de utilizar medios de investigación ilícitos se trata de
garantizar una investigación objetiva e imparcial. Es por ello un límite mucho más
eficaz, porque la tentación de todo poder, y las autoridades públicas de persecución lo
tienen, es fagocitar a todo aquél a quien se encuentren en su camino.
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