Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

en su caso la revocación o modificación, de su decisión inicial, tomando para ello en
consideración los motivos argumentados por el recurrente.
Es precisamente en atención a su efecto, de donde se deriva su denominación
legal de “reposición”, o, como es nominado en otros ordenamientos jurídicos, de
“revocatoria” (El Salvador y Costa Rica) o de “reforma” (España); también
conocido comúnmente como de “enmienda”.
Punto coincidente con los denominados recursos “verticales”, es su finalidad
vista de servir como instrumento procesal para la modificación, enmienda o
revocación de una resolución jurisdiccional dictada; distinguiéndose, no obstante,
en cuanto al órgano judicial competente para conocer del mismo, siendo éste, no un
órgano superior jerárquico, como sí ocurre en los recursos de apelación y de
casación, sino el mismo Juez que profirió la resolución siendo objeto de
impugnación, al forzar ante éste su reconsideración.
134.2 Casos en que procede
Por regla general, y a diferencia de los recursos de apelación y de casación,
que sólo pueden ser interpuestos en los casos y contra las resoluciones expresamente
señaladas en la Ley; el recurso de reposición puede interponerse contra
prácticamente cualquier tipo de resolución jurisdiccional, ello sin duda en atención a
que su tramitación, ante el mismo órgano judicial que emitió la resolución, no se
traduce en una dilación para la tramitación normal de la causa.
Así lo concibe nuestra normativa procesal penal, al establecer
categóricamente en su Artículo 352, que son susceptibles de reposición “todas las
providencias y autos proferidos durante el proceso”. Debiendo comprenderse por
providencias, a la luz del propio Código Procesal Penal, todas aquellas resoluciones
jurisdiccionales en que se ordenen diligencias de mero trámite y que no requieran
motivación alguna (Art. 139, segundo párrafo, CPPHond); y, por autos, aquéllas
que, motivadamente, deciden cuestiones incidentales, la competencia de un órgano
jurisdiccional, la procedencia o improcedencia de una recusación, la admisión o
denegación de cualquier medio de prueba, la nulidad del procedimiento o de algún
acto procesal, la adopción, modificación o casación de una medida cautelar privativa
de libertad y en general de cualesquiera situaciones que no sean de mero trámite o
que impliquen limitaciones de derechos y que no deban ser resueltas mediante
sentencia (Art. 139, párrafo 3, CPPHond).
En cuanto a las personas legitimadas para hacer uso del mismo, puede ser
interpuesto por cualquiera de las partes constituidas como tal en el proceso, es decir,
tanto el acusador particular, como el Fiscal, en su condición de velador de la
legalidad y representante del interés general, así como el imputado, a través de su
representante de oficio o privado.
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