Derecho Procesal Penal .pdf - AECID

necesario que implique detención preventiva, de muy corta duración, pero detención al fin o a la
postre. En el caso de que existan dudas, y sobre todo, a efectos de garantizar el derecho de
defensa del imputado y conseguir con ello la plena validez probatoria del acto ejecutado, es
mejor proceder previamente a la detención preventiva.
La jurisprudencia europea ampararía esta opinión (por ejemplo, Decisión 8278/1978, de
13 de diciembre de 1979, de la Comisión Europea de Derechos Humanos; o la Sentencia del
Tribunal Constitucional español 341/1993, de 18 de noviembre).
Pero si la investigación puede frustrarse por la dilación que ello implicaría, siempre que
se respeten los presupuestos a que hacemos referencia después, el acto debe poder practicarse.
Ello lleva en la práctica a situaciones límite, nada infrecuentes por cierto, en los que la línea
divisoria entre la legalidad e ilegalidad del acto es prácticamente inexistente. De ahí la
extraordinaria dificultad que implica el tratamiento de estas cuestiones y quizás la explicación de
por qué sea que ningún país ha llegado todavía a una regulación plenamente satisfactoria.
§ 88. Presupuestos de adopción.
Parece clara la conveniencia, por tanto, de fijar en estos actos contra la integridad
corporal, una serie de presupuestos acordes con la tutela constitucional del cuerpo humano a los
efectos de la investigación criminal, respetando en todo caso la naturaleza de derecho
fundamental de muchas de las protecciones establecidas en torno a él.
En la doctrina continental europea se afirma, de manera prácticamente incontestada,
que los actos de investigación que significan injerencias en la integridad corporal deberían reunir
los siguientes cuatro presupuestos:
1) Los actos contra la integridad corporal única y exclusivamente pueden ser acordados por
el Juez, el Instructor en los países que admitan esta figura, el Juez de Garantías o
equivalente en los que instruya el Ministerio Público, en la forma de resolución judicial
motivada, v.gr., un auto. Es el llamado requisito de jurisdiccionalidad del acto. La
motivación, que debe ser lo suficientemente explícita como para que el imputado pueda
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