LA-GRAN-DESMEMORIA-PILAR-URBANO

El lunes 28 por la noche, el presidente del Supremo convocó con urgencia un pleno para la mañanasiguiente, que negó el plácet al nombramiento hecho por el Gobierno. Era una decisión insólita. Nose había dado en toda la historia del Supremo. [123] Con ese revés sobre la mesa, se reunieron Suárez,Lavilla y Martín Villa aquel mismo día por la tarde. El rechazo del plácet creaba un conflicto dejurisdicciones entre el Gobierno y el Tribunal Supremo que, según la ley en vigor, debía dirimir eljefe del Estado.«¡Cuidado, no nos juguemos la Corona!»Y aún faltaba el segundo mandoble de los magistrados, el que desarbolaría el paraguas bajo el queel Gobierno pretendía guarecerse para la legalización del PCE.La idea de endosar el asunto a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo partió de dosmiembros del Gobierno: Alfonso Osorio y Eduardo Carriles. Pero el Supremo se negó a admitir esepaquete explosivo, aduciendo que no era de su competencia.El viernes 1 de abril, Sebastián Martín-Retortillo, catedrático de derecho administrativo, habíainvitado a cenar en casa a su ministro, Aurelio Menéndez, a Martín Villa y al magistrado JerónimoArozamena, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la recién creada AudienciaNacional. Antes de pasar al comedor, comentaron informalmente el suceso que los círculos bieninformados conocían desde por la mañana: «El Supremo os ha devuelto el manso al corral.»Aurelio Menéndez y Martín-Retortillo, aunque con fastidio por ser miembros del Gobierno,entendían como catedráticos de derecho que la Sala Cuarta del Supremo declinara pronunciarsesobre la inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones, alegando no tener competencia.—Es una decisión política, administrativa, que compete al Gobierno. Y es lo que vienen adecirnos: la responsabilidad de dar luz verde en el Registro de Asociaciones a tal o cual partido esde ustedes, no nuestra.El magistrado Arozamena, sin entrar en pormenores, deslizó una advertencia:—Cuando recibáis el texto del Supremo, leedlo bien porque es posible que en la misma resoluciónos estén indicando una fórmula, una vía.A la mañana siguiente —entones, en las entidades públicas se trabajaba los sábados hasta las dosde la tarde—, Martín Villa telefoneó a Martín-Retortillo, que se adelantó a la pregunta:—Sé para qué me llamas, ministro. Quieres que te diga la fórmula, la vía...—Pues sí, he estado dándole vueltas toda la noche, pero yo soy ingeniero industrial... [124]Por su parte, Landelino Lavilla, con todo el arsenal de jurisprudencia y talento jurídico delMinisterio de Justicia, había llegado a la misma solución: el Supremo, al devolver el expediente alGobierno, le indicaba que por su menester de jueces ellos sólo intervendrían si en los estatutos delPCE, o en el propio hecho de la inscripción, hubiere delito. En otras palabras: asegúrense ustedes deque no hay delito y procedan. Por tanto, el único modo de salir de dudas sobre la licitud o ilicitud delPCE era remitir la documentación al fiscal del Reino y que éste, oída la Junta de Fiscales, emitieraun dictamen.Sin que fuese tema de debate, en diferentes Consejos de Ministros se informó del contenido de losestatutos del PCE, de su envío al Supremo, de la larga espera, del indeseable conflicto entrejurisdicciones y, en fin, de la sentencia devolutoria porque no les incumbía. De modo que,sucesivamente, todos los ministros estaban al tanto del proceso de legalización del PCE comoiniciativa del Gobierno.