LA-GRAN-DESMEMORIA-PILAR-URBANO

Esa carta podía explicar por qué fue Rodolfo Martín Villa quien subió a La Zarzuela, y no AdolfoSuárez. El relato plano y objetivo del ministro, sin dar opción a que el Rey opinase, era un modohábil de evitar, no ya una seria discusión entre el monarca y el presidente, sino que todo el procesode legalización se detuviera o se cancelara por el dichoso «miedo al Ejército», con el serio peligrode descabalar los acuerdos conseguidos en la hoja de ruta de una «reforma pactada» y sinexclusiones.Además, y dando por cierta la misiva o el sentido de su contenido, quedaba patente que elliderazgo del Rey ante sus ejércitos era bastante precario. Cualquier queja, cualquier amenaza deinsumisión le provocaba el temor de jugarse la Corona y le hacía vacilar. Volvían a tomar cuerpodos fuertes interrogantes: ¿qué estimaba más, la democracia o el trono? ¿Era el jefe supremo de lasFuerzas Armadas o no podía mantenerlas a raya, aun contrariándolas, porque era su rehén?El 7, Jueves Santo, Suárez telefoneó a Armero, que estaba en Roquetas:—Por favor, Pepe, ¡diles a ésos que controlen a sus militantes! Han detenido a tres del PCE en elAberri Eguna de Vitoria. Que no se metan en líos, que extremen sus actuaciones. Como te dije: que sehagan los muertos. Hay serios problemas y ellos deben saberlo: me preocupa la actitud del Ejércitocuando demos la noticia de la legalización. [141]El 8, Viernes Santo, Suárez hizo volver a Marcelino Oreja de El Escorial. En su despacho de LaMoncloa, le adelantó la noticia encareciéndole que la guardara en absoluto secreto, pero que tuviesepreparado un telegrama: «Lo circularás a nuestras embajadas y consulados en cuanto podamoscomunicar la decisión.» Oreja redactó el texto y cuando fue oficial la noticia, el sábado 9 de abril,ordenó transmitirlo a todos los embajadores y cónsules españoles en misiones extranjeras. [142]El 9, sábado, estuvo listo el dictamen del fiscal del Reino. Veinticuatro líneas en las que sedeclaraba que «analizada la documentación [...], no se desprende ningún dato ni contiene ningunamanifestación que determine la incriminación del citado partido en cualquiera de las formas deasociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción».Curiosamente, se daba la paradoja de que quien, con esa celeridad y sin oponer obstáculos paraabrir las puertas al PCE, era el fiscal Eleuterio González Zapatero, la misma persona que hacía año ymedio, el 23 de agosto de 1975, redactaba como fiscal del Tribunal Supremo el decreto ley sobreantiterrorismo, autorizando «los consejos de guerra sumarísimos contra civiles por acciones armadascontra el régimen», considerando «terrorista» a «cualquier organización comunista, anarquista oirredentista». En unas ocasiones, cambian los hombres; y en otras, las «obediencias».Cuando poco después Armero, muy extrañado, le preguntó a Suárez que cómo había podidoautorizarlo el fiscal Eleuterio, que fue el autor de la ley de antiterrorismo, Suárez le respondió: «Meha costado tres horas convencerle.» [143]Sin perder un minuto, Landelino regresó de Manzanares el Real; Martín Villa, en helicóptero denuevo, viajó desde la finca Los Chiqueros; el magistrado Joaquín Arozamena, sorteando un temporalde lluvias, llegó desde Reinosa. En el Ministerio de Gobernación los esperaban ya los subsecretariosFélix Hernández Gil y Rafael Mendizábal. Allí redactaron la resolución definitiva que permitíainscribir al PCE en el Registro. Eran las doce del mediodía. Por prisa o por despiste, a Martín Villase le olvidó el «detalle» de estampar su firma al pie de la línea final del documento. [144]Suárez cuadra a Armada