LA-GRAN-DESMEMORIA-PILAR-URBANO

despacho de Castellana 3. A ella asistieron el vicepresidente primero del Gobierno, teniente generalDe Santiago —que me había aconsejado aplazar la reunión— los tres ministros militares, los jefes delos estados mayores, los capitanes generales de las regiones militares, el presidente del TribunalSupremo de Justicia Militar, el director general de la Guardia Civil y el director del Ceseden. El Reyconocía la convocatoria, mi propósito de explicarles la reforma política y la necesidad de legalizartodos los partidos políticos y las centrales sindicales, como requisito fundamental para construir lademocracia. La responsabilidad de la reunión era, desde luego, sólo mía.Más allá de las palabras del ex ministro del Ejército y capitán general de Cataluña, FranciscoColoma Gallegos que inició la reunión expresando sus «dudas sobre el rumbo que parece pretenderdarse a la política de nuestra patria», la preocupación que latía en los altos mandos militares secentraba en que el propósito reformador del Gobierno pudiera dar al traste con la convivenciaespañola y abriera el portillo a lo que ellos consideraban como «enemigos sempiternos» de España,entre los que se encontraba, en primer lugar, el Partido Comunista.Ante esos temores aseguré que la reforma era el único camino para conseguir la democracia sinromper la convivencia y que nunca sería reconocido un partido en cuyos estatutos se propusierancomo objetivos la subversión del orden constituido, la revolución marxista y la dependencia políticade España de una potencia extranjera. Ésa era la idea que ellos tenían del Partido Comunista y esoera —en honor a la verdad— lo que el Partido Comunista preconizaba entonces. Mientras el PCEtuviera esos objetivos no podría ser reconocido. Eso es lo que afirmé.Lo que no dije —y no tenía por qué hacerlo— era mi deseo y mi pretensión de que el PCE setransformase y se convirtiera en un partido democrático, que aceptara la Monarquía, la bandera deEspaña y el respeto a las reglas del juego del régimen parlamentario. Eso no lo dije porque se tratabade una operación que podía salir bien o no, y en la que ni podía ni debía involucrar a la cúpula de losejércitos. Se trataba de una operación en la que nos jugábamos mucho y de la que, en definitiva, yosolo debía aparecer como responsable.Afirmé, sin embargo, que la democracia o se basa en la libertad de todos o no es democracia, y portanto era necesario ir a la legalización de todos los partidos y sindicatos que aceptaran el ordendemocrático.La idea del «engaño» a los militares que ahora repite el señor Vilallonga puede ser hasta«emocionante», pero hace muy poco honor a los mismos.En el transcurso del almuerzo que siguió a la reunión, y en el que el teniente general Prada Canillasme elogió abiertamente, pude percibir con claridad que quienes escucharon con atención misexplicaciones las comprendieron y no se engañaron. La prueba está en que el propio vicepresidenteprimero del Gobierno, teniente general De Santiago, absolutamente contrario a la legalización delPartido Comunista, me planteó su dimisión pocos días después, el 21 de septiembre, en una tensaconversación en la que aludió a la posibilidad de un golpe militar, a lo que tuve que responder queen España seguía vigente la pena de muerte. La legalización del Partido Comunis-ta, después delcambio de sus estatutos, tuvo lugar el 9 de abril de 1977. Ni mentí ni engañé a los militares, ni el 8de septiembre de 1976 ni en ninguna otra ocasión.72. Soriano, Sabino Fernández Campo..., ob. cit., pp. 155-156.73. Véase texto de Adolfo Suárez en la nota 71 de este mismo capítulo.74. Ibídem.75. Ibíd.76. Soriano, Sabino Fernández Campo..., ob. cit., pp. 155-156; Medina, Memoria oculta..., ob.cit., pp. 271-274.