Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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28 y 29 de diciembre de 1987
en todos los conflictos sociales localizados o generalizados, a través de la remisión al anexo. Si
bien ello es claro, hubiéramos preferido que en el mismo artículo se insertaran estas exclusiones
para que quedaran más claramente evidenciadas y fuera de toda duda.
Esta doctrina se complementa con lo establecido en el artículo 15 del proyecto en consideración,
que en su último párrafo dice: “Las cuestiones relativas a la política interna del país no
podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
Hubiéramos preferido, también, que en el segundo párrafo de este artículo se estableciera la
necesidad de control parlamentario de todos los organismos de inteligencia. Si bien en el artículo
46, que asigna al Consejo de Defensa Nacional la facultad de preparar determinados anteproyectos
de leyes —entre los cuales encontramos los relacionados con los organismos de inteligencia,
en donde sí se contempla la posibilidad de establecer el control parlamentario— hubiéramos
querido que en este artículo 15, que se refiere a los organismos de inteligencia de las Fuerzas
Armadas, se estableciera en forma precisa el control parlamentario, para que no tengamos dudas
sobre lo que persigue la doctrina de defensa que estamos consagrando en este proyecto de ley.
Creo que no está de más recordar los aspectos salientes de lo que hemos padecido como
consecuencia de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Recordémoslo porque es
bueno, para que nunca más ocurra en nuestro país. Esos aspectos salientes de la doctrina de la
seguridad nacional, de esta abominable ideología, contribuyeron a fortalecer el carácter totalitario
de todos los regímenes de fuerza imperantes en nuestro país y, fundamentalmente, en
Latinoamérica.
De estos regímenes de fuerza se derivaron los abusos del poder, la violación de los derechos
humanos, el terrorismo de Estado. Y de ese terrorismo de Estado vinieron los secuestros, las
prisiones arbitrarias, las torturas, los crímenes horrendos: todo fundamentado en el concepto de
guerra permanente y en la necesidad de la seguridad interior, eso que padecimos los argentinos,
pues, durante todo el tiempo en que tuvo aplicación la llamada “doctrina de la seguridad nacional”
nuestro pueblo sufrió las mayores atrocidades y la dictadura más sangrienta que se haya
conocido.
Quiero también referirme a algunos aspectos comprendidos en el título V del proyecto en
consideración, que se refiere al Servicio de Defensa Nacional. El artículo 46, que consta en el título
VIII, asigna al Consejo de Defensa Nacional la misión de proyectar leyes correspon dientes al
servicio militar y al civil. Cuando en el artículo 25 se dice claramente que al Servicio de Defensa
Nacional se incorporarán todos las personas físicas y jurídicas requeridas para el cumplimiento
de obligaciones destinadas a asegurar la Defensa Nacional, debe admitirse de un modo expreso
que tal obligación importa consecuentemente el derecho a solicitar la eximición de integrar el
servicio militar o los demás servicios requeridos para la Defensa Nacional, con fundamento aquel
en finales y claros imperativos de conciencia, ya sean de índole moral o religiosa.
Esta institución de la objeción de conciencia ya mereció la atención especial del propio Poder
Ejecutivo cuando remitiera a este Congreso su mensaje Nº 3.948, de fecha 20 de diciembre de
1984. Al mismo tiempo, hay innumerables antecedentes en el derecho comparado. La República
Federal de Alemania la tiene incorporada a su Constitución Nacional. La objeción de conciencia
se admite en casi todos los países europeos, así como también el servicio militar optativo y
su reemplazo por servicio civil, de carácter comunitario, en sustitución de aquél: tal es el caso
de Austria, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal y Suecia, y también el de
Australia, Canadá y Estados Unidos de América. Ello importa que en la actualidad la objeción de
conciencia es admitida prácticamente por la mayoría de las naciones de Europa y asimismo en
América del Norte.
A nuestro juicio resulta necesario que la objeción de conciencia sea receptada formalmente
en el proyecto en consideración, pues el mismo se refiere al servicio militar. Tal institución posibilitará
reemplazar el servicio militar obligatorio por uno optativo, y en sustitución de éste, por el