Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

44a. reunión - 5a. sesión extraordinaria
Sra. Alsogaray.—Debo reiterar que la mía es una aclaración sobre el sentido de una palabra
que no estuvo en el discurso y que fue parte de un diálogo fuera del reglamento. El respeto por las
Fuerzas Armadas lo aprendí desde siempre, desde el momento en que tengo cuatro generaciones
en la familia que sirvieron a la Patria desde las Fuerzas Armadas.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Muttis.—Señor presidente: antes de pasar a fundamentar la opinión del Partido Demócrata
Progresista, debo decir que rechazaré con respeto pero con firmeza la sugerencia efectuada por
el señor diputado preopinante en el sentido de que quienes estamos en desacuerdo con este proyecto
abrigamos segundas intenciones.
Desde ya le aclaro al señor diputado Toma que nuestra opinión se funda en el honesto y leal
análisis que efectuamos sobre la norma, y que no priman en él segundas intenciones. Se trata de
observaciones que nos indican nuestro criterio y nuestro programa electoral.
El proyecto de Defensa Nacional que hoy nos ocupa demandó una relectura del debate ocurrido
en 1985 en ambas cámaras sobre el texto anterior. Frente a este nuevo texto, que difiere
considerablemente del anterior, debo expresar que, no obstante las diferencias, advierto que
campea sobre el mismo un idéntico espiritu que en aquél.
Con respecto a esta cuestión, considero que existen dos elementos: uno es antecedente y el
otro consecuente. El primero es la carga de prevenciones con relación al sector militar. El segundo,
la reticencia en lograr una integración plena entre éste y el poder civil, o el poder político,
para ser más preciso aún, al cual sin duda aquél debe estar subordinado, aunque no puede marginarse
en un tema como el que hoy estamos analizando.
Va de suyo, entonces, que a mi juicio de ambas actitudes se desprenden errores que aparecen
en el texto. Nadie pone en duda la necesidad imperiosa de contar con una ley de defensa que
provea a la Nación de la herramienta jurídica necesaria para hacer frente a situaciones de conflicto.
Tampoco nadie puede poner en tela de juicio el verdadero papel que nuestra Constitución
asigna a las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a su subordinación a los poderes constituidos.
Del mismo modo, nadie puede tener dudas ni vacilaciones en cuanto a la necesidad de lograr una
armónica relación entre todos los sectores de la actividad nacional —entre los que las Fuerzas
Armadas son uno más— a los efectos de contar con la debida unidad de acción frente al peligro
común.
Un país debe tener mecanismos que, sustentados en normas claras y precisas, le permitan
enfrentar la agresión o una amenaza en este sentido, que puede revestir formas muy diferentes y
se puede dar en todos los campos del quehacer nacional.
Mientras la agresión no sea trasladada al terreno de las armas, la sociedad puede hacer frente
a esas acciones o amenazas solamente con la capacidad de respuesta que le otorga su ordenamiento
legal y su voluntad de supervivencia. Pero frente a la agresión armada deben entrar a
juzgar al unísono los elementos vitales de una Nación con todo el vigor que puedan tener, sustentados
en el supremo objetivo de poner a salvo la vida, el honor, la libertad y los intereses de
todos los ciudadanos; en definitiva, el estilo de convivencia que marca nuestro perfil histórico.
En esta circunstancia extrema, vale decir, cuando se hace necesaria la utilización de la
fuerza, las Fuerzas Armadas deben intervenir juntamente con la puesta en marcha de todos los
elementos vitales de la Nación. Esta interrelación del todo, que está conformado por lo que yo
denomino fuerzas vitales, y el brazo armado del Estado, da lugar a una particular conjunción
de normas que constituyen, dan coherencia y motorizan el sistema de defensa, que de hecho
debe estar estructurado de modo tal que puede prevenir, enfrentar y superar las situaciones de
conflicto.
La Comisión de Defensa Nacional de la Mesa del Consenso así ha interpretado la necesidad
de dar a la Nación normas legales que provean a la defensa común y garanticen la paz interior.
Esto es lo que ha plasmado en el punto 1 del documento que elaboré, y en el punto 9 se sostiene
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1987-1988