Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
esta Cámara durante las sesiones ordinarias de 1986, que fuera congelado en la comisión de
Defensa de Diputados.
En efecto, no subsana las graves falencias de concepción del anterior, por cuanto éste insiste
en fracturar el concepto de Defensa Nacional, separando los aspectos internos de los externos,
contrariando la tendencia actual, nuestra experiencia histórica y la realidad del mundo en que
vivimos.
Lo cierto es que los ideologismos y los prejuicios se han convertido en escollos insalvables
para la elaboración legislativa de un rol para las Fuerzas Armadas; un rol que les permita articularse
a la tarea común de preservar la unidad nacional y que sea a la vez conducente a la seguridad
y al despegue de nuestra comunidad.
La Argentina de nuestros días atraviesa por un período de severo compromiso en su condición
nacional. Superarlo requiere de todas las capacidades y de todos los esfuerzos para cerrar las
vías a la disgregación y, simultáneamente, abrir los caminos de la transformación. No creemos
que quede margen para el menosprecio del papel de las instituciones armadas ni para la indefinición
de las hipótesis de conflicto en torno de las cuales éstas deben alistarse y organizarse. Sin
embargo, observamos que se sigue sin consultar a estas realidades.
En oportunidad de tratar, en enero de 1984, las reformas al Código de Justicia Militar, nosotros
advertimos que se abrían riesgos de graves enfrentamientos entre la civilidad y sus Fuerzas
Armadas, si se dejaban de lado preceptos de rango constitucional, como el del juez natural.
Lamentablemente se eligió un sinuoso sendero en lugar de seguirse el recto camino de circunscribir
los extremos de la responsabilidad penal y de determinar las debidas reparaciones con
celeridad en su ámbito jurisdiccional natural. Dicho sendero, como podría corroborarse luego,
no conducía a solución alguna y menos aún a “reparaciones” sino a salidas de emergencia que a
nadie satisfacen en su afán de justicia y que, en consecuencia, han terminado por dejar abiertas
las dolorosas heridas del pasado. El efecto de transitar este sinuoso sendero ha sido el mantenimiento
y aun la profundización del desencuentro entre civiles y militares.
A este inadecuado tratamiento de la cuestión militar se suma una pertinaz acción psicológica
sobre la opinión pública, a la que se le niega la posibilidad de asumir el pasado con objetividad. Se
la desinforma y por esta vía se estimula el ahondamiento del rechazo y la desconfianza. Se la instrumenta
mediante maniobras agitativas, con consignas demagógicas —al estilo de democracia o
dictadura— tendientes a mostrar a las Fuerzas Armadas como enemigas de la voluntad soberana
del pueblo. Se induce a la desconfianza respecto de lo militar, sus valores, sus procedimientos y
hasta su estilo, favoreciendo así abroquelamientos retardatarios, tanto en el ámbito civil como
en el militar.
Éste no puede ser el fundamento de una política de unidad militar. Pero nosotros, los desarrollistas,
la Defensa Nacional representa la voluntad de todos los sectores y clases sociales que
integran la comunidad nacional, de sostener su cohesión, enfrentando toda interferencia a su
seguridad —entendida ésta como la situación en la cual los intereses vitales de la Argentina se
hallan a resguardo de perturbaciones sustanciales— mediante el empleo coordinado de todo su
potencial espiritual y material. Esta concepción global y dinámica concierne a la necesidad de
preservar nuestra autodeterminación en un mundo cambiante y complejo y supone la superación
de toda idea de aislamiento falsamente defensivo para insertar a la Defensa Nacional en el
rango de posibilidades que brinda el desarrollo, en cuanto éste le da el sustento necesario y la
fuerza suficiente. Ello supone fluidas relaciones tanto en el plano interno como en el externo,
a fin de sentar las bases de una paz permanente y del aprovechamiento integral de todas nuestras
potencialidades. Supone también la ejecución de tareas fuera de lo común para todos los
sectores, conducentes a asegurar que el Estado, sin cuestionamientos ni limitaciones, presida
la unidad nacional en una comunidad que debe superar aceleradamente su subdesarrollo, que
debe integrar su economía, sus riquezas y a todos sus sectores sociales. Este desafío plantea a las
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1987-1988