Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
está en condiciones de decir que hay que intervenir el gobierno de una provincia manteniendo
el Poder Judicial, ni mucho menos puede hacerlo el propio presidente de la República por una
circunstancia accidental.
Hay muchos casos en los que el artículo 6º de la Constitución, para un caso de guerra, podría
tener perfecta aplicación sin necesidad de que nosotros lo diluyamos con la redacción de un artículo
de la ley.
En general, sé que la suerte del proyecto está echada, puesto que se ha arbitrado el procedimiento
de dejar en un cajón lo que el esfuerzo y la concepción de diputados y senadores había
hecho en el tratamiento de los proyectos anteriores y violar nuevamente el artículo 71 de la
Constitución Nacional con el artilugio de decir que estando esto en comisión, podemos hacer un
proyecto de ley nuevo, alternativo.
Con esto —reitero lo dicho en otra oportuni dad— estamos creando un grave precedente,
porque lo que correspondía era que la Cámara de Diputados insistiera en su sanción o aprobara
la nuestra y no que nos remitiera un proyecto de ley nuevo —en el que sigue siendo Cámara
iniciadora— y en el que introduce modificaciones, algunas de poca importancia; por ejemplo,
podemos mencionar el cambio de “fundamentos” por “doctrina” y el agregado de “señor” antes
de “presidente”, expresión que se había omitido aquí. Como podrá apreciarse, se trata de minucias
sin importancia, carentes de significación.
Para terminar, quiero referirme al informe realizado por el señor senador Berhongaray.
Destaco la insistencia puesta en el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución Argentina. Para no
incurrir en error alguno me voy a permitir leerlo. Allí dice expresamente que el presidente de la
República “dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y
su distribución según las necesidades de la Nación”. Y disponer no quiere decir hacerlo de forma
arbitraria. Lo dije en el anterior tratamiento de esta ley y lo quiero repetir ahora, porque así lo
establece la Constitución Nacional; y este es el librito que nosotros no podemos dejar de cumplir
en sus preceptos en ninguna oportunidad.
Mientras tanto, el inciso 28 del artículo 67 marca el rumbo porque faculta al Congreso de la
Nación para “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio
los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno
de la Nación Argentina”.
Es decir, que no corresponde que utilicemos el argumento de que el presidente de la República
va a poder disponer de las Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia que estime conveniente
y que ésta es una facultad operativa —como se ha dicho— de manera que basta que esté inserto
en el inciso 17 del artículo 86 para que ya pueda tener efectividad.
No es así, ya que los poderes consagrados por el texto de la Constitución requieren una
ley que reglamente su forma de actuación. De manera que si aquí ocurriera una situación, por
imprevista que sea, sin que exista la ley que marque cómo puede disponer el presidente de la
República de las Fuerzas Armadas, se vería obligado a cometer un abuso o actuar a la inversa. En
consecuencia, debe dictarse una norma a tales efectos. Está previsto que así sea, pero me alarma
que después de cuatro años en que hemos estado trajinando con estos conceptos y decimos cosas
que ya son lugares comunes, se hayan fijado 365 días para que entre en vigencia la ley prevista.
Se trata de un año entero en el que el Parlamento argentino va a estar a la expectativa. No veo
la necesidad de fijar esos 365 días cuando es obvio que el año próximo cambiará el gobierno. No
aprecio la necesidad de la demora cuando el señor senador Berhongaray ha dicho, y yo le doy
crédito, porque me merece crédito no sólo esta vez sino todas, que está avanzando el estudio de
leyes como la de seguridad interior.
Hago votos en nombre de mi bloque para que esta sanción que se dicte hoy supere estos escollos
que se presentan en nuestro tratamiento y sirva realmente a los intereses de la defensa integral
de la República y para que colaboremos todos los sectores, los factores y elementos humanos,