Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

358
8 de abril de 1988
dirigencias y al pueblo en su conjunto conductas creativas e imaginativas, no rutinarias, afines
con un programa de realizaciones que convoque a todas las energías nacionales.
El componente militar debe ser incorporado a esta gran tarea, ubicándolo mediante claras
directivas de manera tal que pueda asumir la responsabilidad de sostener la plena vigencia del
Estado Nacional. Por ello los desarrollistas concebimos a la Defensa Nacional como el sistema
mediante el cual se garantiza la seguridad de la Nación; por el que se preserva la organización
nacional, sus instituciones, su patrimonio material y espiritual y el mandato de sus autoridades
legítimas, de interferencias ilegítimas, provengan éstas de donde provinieren.
De allí que el Estado Nacional disponga de la atribución constitucional de usar la fuerza conferida
a las instituciones armadas, toda vez que sea un recurso inevitable frente a una agresión
encaminada a destruir el Estado o a disputarle el monopolio de la fuerza.
Si el poder es por definición la suprema potestad rectora y coactiva del Estado, su cuestionamiento
impune no es admisible, a menos que se esté dispuesto a asistir al derrumbe del sistema.
La forma de resguardarlo es asegurando el monopolio legal del uso de la fuerza en manos del
Estado. Obviamente, no se trata de un uso indiscriminado o que pueda ser abordado fuera del
marco de la legalidad. Pero tampoco se trata de imponer limitaciones indebidas a la facultad de
utilizar todo el potencial de que dispone el Estado Nacional y su brazo armado ante un eventual
intento de sustituir por medios violentos nuestras formas de vida y nuestro sistema republicano.
Sólo la agitación de los fantasmas del pasado, un pasado al que los argentinos no deseamos
retornar, puede alimentar prevenciones que conducen a ignorar nuestra propia experiencia, así
como los cruentos episodios que viven otros países en donde la guerrilla y el terrorismo operan
en magnitudes antes desconocidas, prevenciones que terminan oscureciendo una cuestión que,
en definitiva, es de sentido común.
Desafortunadamente, el sentido común no es lo que abunda. El proyecto venido en revisión,
como el anterior, discrimina en materia de conflictos internos, admitiendo sólo las hipótesis de
conflicto de carácter externo.
Es preciso dejar debidamente aclarado que en la Mesa del Consenso hubo acuerdo en no dar
tratamiento a un proyecto de ley de defensa similar al que estaba en consideraciones en la comisión
de Defensa de la Cámara de Diputados.
Aquí se dio a entender que los diez puntos consensuados coinciden con lo establecido
en el proyecto en revisión, pero en la Mesa del Consenso ocurrió exactamente lo contrario.
Precisamente, para alcanzar el acuerdo sobre los diez puntos que finalmente firmaron las fuerzas
políticas, es que fue retirado aquel proyecto que, básicamente, era el mismo que debatimos hoy.
Sobre ese proyecto no hubo consenso y sí lo hubo en la declaración genérica que, a nuestro
juicio, admite la posibilidad de participación de las Fuerzas Armadas en hipótesis de conflicto
interno.
Esa posibilidad es cuestionada por la letra y el espíritu del proyecto, en tanto se fractura el
concepto de Defensa Nacional, que es un concepto integral y como tal, abarca también lo que
hace a la seguridad interior.
Que aceptemos la separación en dos cuerpos legales de estos aspectos de una misma cuestión
es una simple formalidad. Lo que no admitimos —y esto es lo sustancial— es que se mutile el
concepto de Defensa Nacional.
Para los desarrollistas, la integridad y globalidad del concepto de Defensa Nacional no se
sustentan en aspectos jurídicos formales. Radican en el dato fundamental de que, planteada una
hipótesis de conflicto o guerra de cualquier origen, capaz de comprometer la seguridad de la
Nación, el monopolio del uso de la fuerza o el mandato de sus legítimas autoridades, el Estado
Nacional deberá recurrir a todo su potencial.
El proyecto de ley que estamos examinando no contiene, a nuestro juicio, una correcta
interpretación del documento de diez puntos de la Mesa del Consenso. Ello es así, en tanto