Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
Voy a pasar ahora a un proyecto presentado en su momento por los senadores Gass y
Mauhum, sobre lucha contra el tráfico de drogas. Prefiero esta expresión en lugar de “narcotráfico”
porque ésta última me parece que tiene una raíz del idioma inglés.
En el Título X de ese proyecto se establecía perfectamente la reducción de penas para aquellas
personas incursas en cualesquiera de los delitos previstos en esa iniciativa cuando aportaran
datos o dieran información que permitiesen el esclarecimiento del hecho o la condena de los
imputados; inclusive, se llegaba a proponer la eximición de la pena cuando la información brindada
permitiera individualizar al autor de determinados delitos. Es decir, se trata del caso del
delincuente que se pasa al otro lado, a la policía.
El artículo 37, al referirse a los artículos 35 y 36 de ese proyecto, decía que: “…cuando la
seguridad personal del condenado o procesado o, de su familia lo requiera, el tribunal podrá
disponer el alojamiento del mismo y de su familia en una unidad militar…” Se trata del caso de
una persona que participa en una organización criminal y que, al dar información, puede ser
eliminado o sufrir él y su familia consecuencias muy serias.
Todo esto que estoy mencionando no significa defender la doctrina de la seguridad nacional
ni adherir a la lucha Este-Oeste; esto no implica sometimiento a ningún imperialismo. Se trata
de medidas extraordinarias que se adoptan ante el flagelo de las drogas, que cada vez aparece más
en nuestro país.
Recuerdo las declaraciones un tanto presuntuosas de las autoridades policiales durante la
época del gobierno de Onganía cuando sostenían que la Argentina era sólo un país de tránsito
de drogas y que el problema estaba totalmente dominado. Sin embargo, hoy ustedes pueden ver
gente drogada hasta en las playas.
En consecuencia, ese proyecto de ley presentado por dos senadores por quienes siento el
mayor respeto por todos sus atributos personales, por su seriedad y sapiencia, no sólo expresaba
sus opiniones sino que también había tenido en cuenta proyectos anteriores de semejante orientación.
Esa iniciativa fue muy discutida en la Cámara de Senadores en cada uno de sus puntos y
se introdujeron modificaciones a muchos de sus artículos. El debate realizado en agosto de 1986
fue muy interesante, habiéndose trabajado con mucha seriedad y responsabilidad, lo cual no
quita que esto también haya sucedido en otros debates. Esto acentuaba más todavía la noción
que se tenía de la importancia del caso que se estaba tratando, de la gravedad, de los momentos
que vivía el país. Y este artículo no se la quitó.
Quizá no les guste mucho a las Fuerzas Armadas la intervención en cuestiones internas. En
Estados Unidos, por ejemplo, se sancionó hace cuatro años una ley que aumentaba las facultades
de las Fuerzas Armadas para actuar en la represión del tráfico de drogas y de los adictos a la droga
—no drogadictos, aprovecho la oportunidad para decir—. Y las autoridades militares de ese país
expresaron su desacuerdo porque se las sacaba de sus funciones específicas.
Es claro que, en situaciones normales, cualquier militar prefiere estar ocupado en cuestiones
específicamente militares. Pero la situación era tan grave en los Estados Unidos que allí se está
aceptando cada vez más la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga.
Puedo citar además la práctica nacional, muy rápidamente porque se trata de una cuestión
muy conocida por todos ustedes. Tenemos en primer lugar la Conquista del Desierto, iniciada
por Rosas, continuada por Alsina y terminada victoriosamente por Roca. Y quiero citar también
dos casos, lo que quizá no agrade a algún sector político, pero lo hago sin ningún sentido de ataque,
porque considero que se trató de cuestiones del momento que le tocó asumir al presidente
de aquel entonces.
Me refiero a la Semana Trágica y la represión en la Patagonia.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión
de Defensa Nacional, senador Antonio T. Berhongaray.