Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
las prácticas de la Guerra Fría a las que desgraciadamente habían adherido las grandes potencias
en un momento de grandes tensiones.
Al mismo tiempo, y lo que ha sido peor, hizo suya la doctrina de la seguridad nacional.
Pero no fue fruto de la casualidad que asumiera como propia esta doctrina de la seguridad
nacional, puesto que la misma venía siendo inculcada desde hacía años a nuestros oficiales en
la Escuela de las Américas, de Panamá, y en otras norteamericanas en las cuales se formaban los
hombres de nuestras tres armas.
Lo peor de todo, señor presidente, fue que nuestras Fuerzas Armadas adoptaron tardíamente
una doctrina que ya había sido derrotada en Argelia cuando los franceses la intentaron aplicar, y
lo mismo había ocurrido a los norteamericanos en Vietnam. Es decir que, tarde y mal, nuestras
Fuerzas Armadas hicieron propia una doctrina de la derrota y del fracaso militar.
Esto no tendría tanta importancia si no hubiere provocado el saldo de desencuentros de
sangre y de dolor que nos ha dejado a los argentinos, del que tendremos que seguir sufriendo las
consecuencias durante años.
Parecía que las Fuerzas Armadas se consideraban, por entonces, como poseedoras de un
mandato superior, de origen divino. Ellas eran las únicas que creían estar capacitadas para decidir
cuándo el gobierno obraba bien y cuándo andaba mal. Actuaban como si fueran las únicas
depositarias de la verdad.
Así fue como, en consecuencia, con estas ideas envejecidas, al ocurrir el golpe de estado del 28
de junio de 1966, las Fuerzas Armadas de aquel entonces se aseguraron la suma del poder público
ocupando permanentemente y masivamente el aparato de la administración del Estado.
Los que usurparon el poder dijeron que no tenían plazos sino, solamente, objetivos. Ya no
afirmaron, como en ocasiones anteriores, que su propósito era restaurar el sistema constitucional,
así fuera una alegación falsa.
Las consecuencias en el seno de las Fuerzas Armadas las pudimos comprobar todos los argentinos.
Las internas propias de los partidos políticos, de los sindicatos y de las instituciones civiles,
se trasladaron a las Fuerzas Armadas, que deberían estar ajenas —y preservadas— del juego de
facciones. Pero no fue así.
No solamente tuvieron lugar enfrentamientos dentro de cada arma, sino también en las fuerzas
entre sí. Estas disputas —como es lógico— también distorsionaron e1 concepto de defensa
que, por aquel entonces, se aplicó y que todavía tiene alguna sobrevivencia legislativa en el país
que concluirá cuando aprobemos la ley en debate.
Hubo feudos propios de cada arma, especialmente, en el último gobierno militar. Una fuerza
ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores; otra, el de Interior y, así sucesivamente, llegando
hasta lo más diversos ámbitos.
Así, por ejemplo, había licitaciones en las radios, y una de ellas se adjudicaba a los amigos de
la Marina, otra a los del Ejército y una tercera a los de la Aeronáutica.
Recuerdo este caso porque tiene cierta actualidad, que todavía hay algunos que quieren rescatar
como ejemplo la Ley Nacional de Radiodifusión que impuso Jorge Rafael Videla, y que es
una de las normas de facto más autoritarias que nos legó aquel sistema.
Pero no sólo ocurrió que se instituyeran y distribuyeran feudos entre las armas, sino que
también creó desproporcionadamente el presupuesto militar, ampliándose en forma considerable
los complejos industriales militares. Complejos que, en muchos casos, iban acompañados
de empresas subsidiarias que nada tenían que ver con lo militar, ni siquiera con la fabricación de
armamentos.
Tengo presente estadísticas de un instituto que funciona en Suecia, que efectúa un control
internacional bastante objetivo acerca de las compras de armamentos. Este organismo señalaba,
por ejemplo, que entre 1979 y 1983 la Argentina gastó más de 24 mil millones de dólares en
equipos bélicos.