Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

32a. reunión - continuación 10a. sesión extraordinaria
asolaba al país y no disponiéndose de leyes apropiadas dentro del estado de derecho en que vivíamos,
se sancionaran los métodos legales para que, dentro de un contexto normativo, se pudiera
castigar a las personas que estaban delinquiendo.
Esas disposiciones se incorporaron en el proyecto de Defensa Nacional del gobierno de la
señora de Perón y fue aprobado inclusive por los radicales.
Ahora bien, como dije, tengo conocimiento de la declaración del doctor Luder con respecto
al significado de la expresión “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, textualmente
extraída del decreto correspondiente. En consecuencia, no sé qué falta estoy cometiendo en todo
esto puesto que si no he hecho referencia específica a las declaraciones en tal sentido del doctor
Luder es porque simplemente no puedo mencionarlo todo; estoy desarrollando una exposición
de acuerdo con mi lógica, pero acepto con todo gusto la interrupción del señor senador y digo
que el tema es tal como lo ha planteado él; pero ello no contradice de ninguna manera mis
principios.
¿Está satisfecho con mi respuesta el señor senador?
Sr. Solari Yrigoyen.—Sí, muchas gracias, señor senador. Pero lo que yo quería precisar es
que de ninguna manera en esos decretos se autorizaban los métodos terroristas que se aplicaron
al margen de su propia voluntad y que, como lo sostuvo el propio doctor Luder, no deberían haberse
apartado en su aplicación de ninguna de las normas estrictas de la Constitución Nacional.
Sr. Martiarena.—¿Me permite una interrupción el señor senador por Salta?
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor senador.
Sr. Martiarena.—Para terciar en este debate voy a recordar que en dos oportunidades anteriores
he traído a este recito el texto de un decreto que, deliberadamente, ha tenido poca difusión.
Lamentablemente, no lo tengo a mi vista en este momento porque no creí que se pudiera
plantear esta cuestión.
Me estoy refiriendo a un decreto firmado en su oportunidad por la entonces presidenta
María Estela Martínez de Perón, en el cual se establecía de manera concreta y terminante que
todas las actuaciones que se hicieran durante las actividades militares con motivo de la subversión,
cuando intervinieran personas o bienes, debían ser puestas a disposición de la justicia. Este
es un documento muy valioso en el desarrollo de los acontecimientos de esa época y repito que,
deliberadamente, los comentaristas lo pasan por alto y no lo mencionan.
El propósito del gabinete de esa época fue que se llevaran adelante las acciones militares
necesarias para aniquilar la subversión en los términos en que la expresión “aniquilar” significa
dentro del concepto militar; se dejaba aclarado que las actuaciones debían ser puestas a disposición
de la justicia, como acabo de precisar.
Esto es lo que quería dejar aclarado y si hubiera alguna duda podría hacer buscar la copia del
decreto al que me he referido.
Sr. Berhongaray.—¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Otero).—¿El señor senador por Salta permite una interrupción del señor senador
por La Pampa? Se trata de una interrupción a la interrupción.
Sr. Bravo Herrera.—Sí, señor, presidente.
Sr. Berhongaray.—Es muy breve. En la misma línea argumental de los señores senadores preopinantes,
quiero recordar que el concepto de aniquilamiento militar siempre estuvo condensado
en aquel parte de la batalla de Maipú que envió el general San Martín después de su triunfo en ese
combate. Dijo San Martín, entonces: “Las tropas del enemigo fueron diezmadas. Sus jefes, hechos
prisioneros. No quedó resistencia alguna. Hemos capturado toda su artillería y su caballería. Su poder
de resistencia fue aniquilado”. Este es el famoso parte de guerra que envió al Consejo Supremo
el general San Martín, y en el cual definió para siempre el concepto de aniquilamiento, es decir, en
términos militares, quitarle al enemigo la capacidad de reacción, y nada más que eso.
Muchas gracias, señor senador.
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1987-1988