Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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29 y 30 de diciembre de 1987
me siento muy honrado de pertenecer a esta Honorable Cámara y contar entre mis colegas a los
señores diputados Zubiri, Alende y Toma. También me reconforta haber escuchado una exposición
como la que pronunciara la señora diputada Monjardín de Masci, pues, a pesar de que
no comparto sus ideas, ella reveló en sus pala bras la estirpe de aquel gran hombre público que
presidiera esta Cámara y dejara para la posteridad el recuerdo de la amplitud con que permitió la
expresión de las minorías en los debates parlamentarios.
También —por qué no decirlo— me siento muy a gusto en la compañía del señor diputado
por Tucumán, porque no tengo dudas de que cuando repase los conceptos que vertiera en su
encendida improvisación habrá de morigerar espontáneamente algunas palabras relativas a la
señora diputada Alsogaray, que hieren sensiblemente los principios de respeto mutuo que nos
debemos quienes integramos este cuerpo, no tanto quizá como una cuestión de respeto personal
sino en consideración al pueblo que representamos. No voy a asumir la defensa de la señora
diputada porque el presidente de la Cámara, celoso del reglamento, podría indicarme que estoy
apartado de la cuestión y porque además creo que la señora diputada se defiende muy bien sola.
Pero quizá fue su ausencia del recinto la que permitió el ataque descomedido del que fue objeto.
De todas maneras, agradezco al señor diputado por Tucumán haber explicado que su ausencia
del recinto se debió quizá a que estaba atareado siguiendo las actividades privadas de la señora diputada
Alsogaray, como las comidas a las que ésta asiste y las mesas que comparte. Ello me parece
muy útil desde el punto de vista de los diputados que desde hace largas horas estamos encerrados
en este recinto, sometidos a los vaivenes singulares de esta sesión.
El proyecto que debatimos no tiene la trascendencia ni la significación que se le han atribuido.
Despojado de toda singularidad y desprovisto de toda originalidad, ese proyecto se inscribe en
la misma tónica y sigue el mismo sendero que las normas antecesoras en la materia, desde hace
casi medio siglo; inclusive, estudiando su texto encontramos también vestigios de aquellas otras.
Me pregunto cuál es esa causa esencial, ese motivo fundamental que impulsa a los señores
diputados a otorgar al proyecto un significado de tanta trascendencia y que hasta los lleva a
presentarlo como un vehículo de libertad y una consagración de los derechos de los pueblos.
Quisiera saber dónde encontrar en el texto del proyecto el principio, la novedad, el derecho consagrado
que podrían llevar a creer —aunque el pueblo mismo no se ha interesado demasiado en
este debate— que estamos transitando por un nuevo sendero e inaugurando una nueva vida en
materia del sistema defensivo de la Nación.
Ayer escuchaba al señor diputado por Buenos Aires, doctor Oscar Alende, y recordaba al
oírlo que en este mismo recinto hace más de treinta años él pidió reiteradamente la derogación
del estado de guerra interno. ¿Qué era esto del estado de guerra interno? Tuvo su origen en un
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, convalidado por el Congreso en 1951, que simplemente
decía que todo militar que se sublevara, todo oficial que se alzara contra las autoridades constituidas
podía ser fusilado inmediatamente. Ese decreto no hablaba de juicio, ni del debido proceso,
ni de derechos; hablaba de fusilar inmediatamente. El señor diputado Alende reclamaba su
derogación, y dada la disyuntiva de hierro por él planteada al iniciar su discurso, no dudó de que
al hacerlo estaba en contra de la dictadura y a favor del pueblo.
Pocos años más tarde Alfredo L. Palacios —recordado por el señor diputado por Santa Fe
en el primer discurso de la tarde de hoy— protestó y reclamó la derogación del llamado Plan
Conintes. El senador interpelaba a la sazón al señor ministro del Interior y se preguntaba cuál era
el origen de ese plan respecto de las situaciones de conmoción interior que se cernían sobre la
República. Dijo que el origen era la ley de organización de la Nación para tiempos de guerra, número
13.234, sancionada por el gobierno peronista en el año 1948, y que tenía los mismos principios
que el estado de guerra interno, que fue derogado —según propias palabras del senador
Palacios— por aquel magnífico militar que fue el general Eduardo Lonardi, quien lo consideraba
contrario a la Constitución.