Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

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8 de abril de 1988
subordinar las actividades de la Nación a objetivos militares. Yo pienso, con un criterio actual,
que las industrias militares no deben ser monopolizadas por el Estado, que tienen que estar en
manos privadas. Y quiero ser muy claro: si queremos apoyar un pacifismo real, coherente y ético,
los argentinos no debemos sustentar el crecimiento de una industria bélica. ¿Por qué no hacerlo?
Porque si hay algo que nos falta en este país son inversiones. Pero no debemos hacerlas en la
industria bélica, sino en montones de industrias que son fundamentales para nuestro desarrollo,
empezando por la agroalimentaria y terminando por la informática. Mi opinión es, insisto, que
de ninguna manera debemos impulsar industrias bélicas, aunque otros países lo hagan. Cada
cual elige el modelo de desarrollo que le conviene.
Tenemos, sí, como un aporte a esta legislación de defensa, que estudiar la manera de lograr
que nuestra industria nacional se adapte rápidamente a la producción bélica para el caso desgraciado
de que tengamos que afrontar algún conficto armado. Así ha ocurrido por ejemplo en
los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria se adaptó para la
fabricación de armamentos. Esto sería lo lógico y lo consecuente con nuestra política pacifista en
resguardo de nuestra defensa.
También se ampliaron durante los gobiernos de facto las actividades bajo control militar. Los
aeropuertos de la aviación civil, por citar sólo un ejemplo, siguen estando en manos militares a
pesar de que deberían estar en manos civiles. Yo no juzgo que estén mal administrados. De ninguna
manera. Siento respeto por las Fuerzas Armadas y pienso que sus integrantes cumplen de la
mejor manera que pueden con las funciones que se les encomienda. Pero creo que debemos colocar
a las Fuerzas Armadas en sus funciones específicas, y que tenemos que poner los aeropuertos
civiles, como todas las naciones importantes y desarrolladas del mundo, en manos civiles.
Podría hacer mías las palabras iniciales que pronunció en su disertación el señor senador por
Catamarca, doctor Amoedo, cuando manifestaba la satisfacción que sentía al poder derogar hoy
la legislación de facto, o al menos crear las condiciones para hacerlo. Me refiero a la derogación
de la ley 16.970 y sus modificatorias, las leyes 17.649, 19.276 y 20.194, entre otras disposiciones
de facto.
El sistema de defensa que creó esa legislación de facto de la época de Onganía facilitó que
los mandos de las Fuerzas Armadas ejercieran el control sobre las decisiones del presidente de
la Nación, impidiendo que él las condujera con plena autoridad. Esta es la diferencia que existe,
por ejemplo, entre la ley de facto 17.649 que estoy criticando y el proyecto del presidente Illia, al
que se refirió el señor senador por Salta. Es posible que algunos párrafos de este proyecto tuvieran
una redacción textual a las de algún punto de aquella legislación; sin embargo, la idea que
sustentaba era diametralmente distinta porque el proyecto del presidente Illia rescataba como
fundamental la vigencia de la Constitución Nacional, colocando al presidente en el lugar que le
corresponde, es decir, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas.
Lo más nefasto de la llamada ley 16.970 fue la institucionalización de la doctrina de la seguridad
nacional, a la que ya me he referido. Tal designio se llevó especialmente a cabo a través del
sistema de planeamiento y acción para la seguridad, que fue concebido y elaborado para apoyar
un sistema autoritario que definió per se los intereses vitales de la Nación, sin ninguna participación
de la sociedad.
Esa legislación, al confundir la seguridad del gobierno con la del Estado, terminó consagrando
la Defensa Nacional a la seguridad del régimen político absolutista de turno, tanto al de
aquel entonces como otros de igual carácter que le sucedieron.
También se crearon mecanismos ad hoc, lo cual el sistema de la ley de facto 16.970 atribuyó
a la extrema burocratización de los mandos de las Fuerzas Armadas, ocasionando un grave perjuicio
a la labor específica de la Defensa Nacional. Esta situación pudo ser comprobada con el devenir
de los años cuando debimos enfrentar la guerra de las islas Malvinas, en la cual las Fuerzas
Armadas no actuaron en forma unida y homogénea, sino que lo hicieron cada una por su cuenta