Ley de Defensa Nacional - Ministerio de Defensa

Mensaje presidencial • Dr. Raúl R. Alfonsín
políticas públicas y otorgar transparencia a los actos de gobierno, de manera que la ciudadanía
disponga de información para evaluar su gestión. Por otro, contribuir a movilizar el apoyo
solidario de los diversos grupos sociales al esfuerzo que plantean las dificultades del presente
y la construcción de un orden económico y social que garantice el crecimiento, el acceso de
la población a los bienes públicos y la autonomía de decisión nacional. En este sentido, el
plan habrá de fijar los lineamientos generales, preservando el margen de flexibilidad adecuado
para que los órganos de gobierno y las instituciones representativas intervengan y decidan su
implementación.
El eficaz desempeño de la administración pública será indispensable para consolidar definitivamente
la estabilidad del régimen republicano y la alternancia pacífica de gobiernos civiles y
democráticos.
Para ello debe redefinirse el papel del Estado, que ha sido profundamente cuestionado y
subvertido en estos últimos años. Tras el disfraz de un neoliberalismo eficientista, se forzó a la
administración pública a ser cómplice de una intensa política intervencionista. Se agravó de este
modo la tendencia a la concentración de ingresos y poder en beneficio de la minoría especuladora
y agresiva que manipuló permanentemente al Estado, violentando para ello las preferencias
profundas de sus cuadros.
No se trata entonces de apelar a paliativos ni a meros cambios organizativos o de procedimientos
para resolver los problemas de nuestra administración pública. Tampoco puede guardarse
silencio frente a la hondura de la angustia y el autocuestionamiento de sus cuadros mejor
inspirados. Lo que se requiere es una profunda transformación que incluya la redefinición del
papel del Estado, el establecimiento definitivo de una carrera administrativa y la puesta en marcha
de un serio y prolongado proceso de reforma del aparato estatal que no sólo acompañe la
democratización de la vida política del país sino que, además, profundice el cauce democrático
e impulse el desarrollo.
Es a partir de estas premisas, y concretando lo estipulado en nuestra plataforma electoral, que
hemos creado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de la Función Pública,
organismo responsable de la promoción, gestión y seguimiento de las acciones orientadas a la
transformación del Estado, a cuya actividad asignamos la mayor importancia.
Educación
El gobierno constitucional se ha propuesto, en otro de los campos que considera fundamentales
para su acción reparadora, desarrollar una política educativa de clara inspiración
nacional y democrática, basada en el concepto esencial de que el hombre es el gran protagonista
y el destinatario final de todo el proceso formativo que se inicia en la niñez y culmina
con la capacitación laboral y profesional y el acceso a las manifestaciones superiores de la
cultura. La libertad, la dignidad de la persona humana, el genuino pluralismo de una convivencia
sin discriminaciones ni opresiones son los valores centrales de ese proceso. Así, y particularmente
en una nación como la nuestra, integrada por mujeres y hombres de distintos orígenes
ancestrales pero unidos por una misma vocación nacional que se asienta en el común
amor a la tierra compartida y en la participación libre en instituciones y modos de gobierno
igualmente libres, la educación se constituye a la vez en una institución pública y un servicio
social, que el Estado sostiene y presta para todos, con la colaboración de las instituciones que
aportan su propio sistema educativo a través del pleno ejercicio del derecho constitucional de
enseñar y aprender.
En lo que atañe a la función del Estado, reafirmamos los principios tradicionales de la
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1983